Madrid (EFEverde).- Los grupos parlamentarios de la oposición han rechazado hoy las propuestas del PP para consensuar la ley de montes en dos de sus puntos más polémicos: la definición de la figura de agente forestal y la recalificación de terrenos quemados. La iniciativa ha sido respaldada por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso por 23 votos a favor, 17 en contra y dos abstenciones.
Ha quedado aprobada con competencia legislativa plena, es decir, ni se delibera ni vota en el Pleno y se envía directamente al Senado.
La mayoría de la oposición ha lamentado que el PP haya esperado a hoy para plantear sus enmiendas transaccionales, dos de ellas sobre los agentes forestales.
Según la portavoz popular de Medio Ambiente, María Teresa de Lara, su grupo ha querido “aclarar” la definición de agente forestal, pese a que el Ejecutivo “no ha modificado sus capacidades, potestades y obligaciones” con respecto a la vigente legislación.
Con matices, los grupos han coincidido en que estas propuestas han sido “insuficientes”.
Para Josep Pérez Moya (Izquierda Plural), el PP no hace ya “un redactado tan contundente” acerca de los agentes forestales, pero mantiene “un tratamiento desigual”.
Todos los grupos han criticado que la ley incorpore la modificación del trasvase Tajo-Segura y regule la caza y la pesca, -“una burla” al trámite parlamentario, según IP-.
Sobre el punto de la caza y la pesca, CiU ha anunciado que la Generalitat presentará un
Martí Barberá (CIU) sí ha apoyado la transaccional popular sobre la figura del agente forestal, porque “concreta y avanza más hacia la voluntad” de este colectivo, pero “habría sido mejor dejarlo como estaba”, no limitando “la capacidad de investigación policial” del cuerpo.
En su nueva enmienda, el PP recalca que el agente forestal es un funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad y que actúa de forma auxiliar de los jueces y fiscales, y “de manera coordinada (no auxiliar como en la anterior redacción) con las fuerzas y cuerpos de seguridad”.
Añade que en el ejercicio de sus funciones como policía judicial genérica se limitará a efectuar las primeras diligencias de prevención “y prestará en todo momento auxilio y colaboración” a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La diputada socialista Laura Seara ha recalcado que esta reforma no mejorará la gestión forestal y solo favorece intereses particulares.
Igual que la mayoría del resto de los grupos ha sostenido que el texto abre la puerta a la especulación mediante las recalificaciones de terrenos incendiados.
La reforma legal plantea que si existe un interés general, la CCAA podrá cambiar el uso de la superficie incendiada antes transcurrir 30 años (como prevé la actual legislación).
En este sentido, Maravillas Falcón (PP) ha defendido que el cambio de uso en las zonas quemadas está “lejos de fines especulativos” y se debe a razones “exclusivamente de interés público y con las correspondientes medidas compensatorias”.
Ha calificado como “intolerable” que la oposición haga un “copia y pega de las declaraciones de organizaciones ecologistas” sin realizar un “trabajo más riguroso” en sus enmiendas.
PP, IU, PSOE y UPyD han acordado incluir el término Red Natura 2000 en el articulado de la ley cuando habla de espacios protegidos, lugares de interés geológico y figuras legales de protección. EFE
