Bogotá, 14 abr (EFE).- La autoridad ambiental de Colombia modificó este miércoles su Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida glifosato (PECIG), levantando una de las trabas que tenía el Gobierno para retomar esta controvertida práctica.
“Es importante mencionar que el Plan Ambiental ha estado vigente desde 2001 y lo que ha estado suspendido es la actividad de aspersión aérea”, especificó este miércoles el director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Rodrigo Suárez.
La autoridad ambiental, por solicitud de la Policía Nacional, incluyó un programa de seguimiento y monitoreo más detallado para que, “en caso de que se reanude la actividad, se logre un mayor control sobre los efectos ambientales en los componentes hídricos, bióticos y socioeconómicos”.
Ahora falta que otras autoridades, como el Ministerio de Salud o de Ambiente también hagan modificaciones en los procedimientos y cumplan las condiciones impuestas por el Constitucional, para que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) pueda dar la luz verde definitiva a la aspersión aérea.
Para ello son necesarios incluir los riesgos para la salud y para el medioambiente que tienen las fumigaciones aéreas.
Las fumigaciones de los cultivos de coca fueron suspendidas en 2015, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, en acatamiento de una sentencia de la Corte Constitucional basada en el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno para los seres humanos y causar además daños al medioambiente, como alegó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Posteriormente, en 2017, el alto tribunal suspendió la fumigación aérea de cultivos ilícitos pero dejó abierta la posibilidad de volver a autorizar el glifosato en la lucha antidrogas si el Gobierno cumplía seis exigencias sanitarias.
De ser reactivadas las fumigaciones aéreas, serán excluidas de este programa las ubicadas en Parques Naturales, páramos, humedales del sistema Ramsar, manglares, masas de agua, poblaciones y comunidades étnicas.
La decisión del Gobierno ha sido duramente criticada tanto por la oposición como por expertos y por los cultivadores de coca, que alegan que la aspersión aérea va en contra del acuerdo de paz que contemplaba la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por otros. EFE
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