Madrid (EFEverde).- España tiene paralizados proyectos necesarios de infraestructuras por valor de 50.000 millones de euros, más de la mitad en obras hidráulicas y calidad de aguas, según el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, que calcula que los mismos podrían crear un millón de empleos en tres años.
En concreto, del total de los proyectos “guardados en el cajón”, las obras hidráulicas y de calidad de agua engloban un importe de 28.000 millones de euros, los ferrocarriles 20.000 millones y las carreteras 10.000 millones, además de otros equipamientos sociales.
En este contexto, el presidente del colegio, Juan Santamera, ha abogado por dedicar a la conservación del patrimonio 3.500 millones de euros al año en las carreteras de las administraciones públicas y por implantar el pago por uso de las infraestructuras y la denominada “Euroviñeta”, que permitiría generar recursos de 3.000 millones al año.
Desde el colegio han insistido en esta fórmula, que es compatible implantar en la actual coyuntura económica, no pretende ser una fuente de recaudación “pura y dura” sino hacer que los contribuyentes paguen por las infraestructuras que usan, lo que permitiría liberar además recursos para reducir otras tasas impositivas.
De acuerdo con un estudio encargado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), fijar una tarifa de 10 céntimos por kilómetro para camiones tendría un efecto en el IPC del entorno del 0,2 % en el primer año de implantación, señalan desde el Colegio, quienes insisten en los efectos de la conservación sobre la seguridad de las infraestructuras.
Con respecto al sistema concesional español, el vicepresidente del colegio, José Manuel Loureda, ha señalado que los problemas que atraviesa actualmente el sector, especialmente en el caso de las autopistas de peaje, ha creado inseguridad jurídica y económica que está alejando de España a muchos inversores internacionales.
Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos han “suspendido al Gobierno” por la lentitud con la que están haciendo frente a esta situación, al tiempo que han puesto de manifiesto que no fue lógico pagar expropiaciones de terrenos agrícolas a 30 euros el metro cuadrado, ni cambiar las condiciones de la planificación permitiendo la construcción de vías paralelas libres de pago.
Asimismo, han pedido una oficina de colaboración público privada, un mecanismo de financiación que podría multiplicarse por 3,5 para desarrollar nuevos proyectos. Entre 2007 y 2012, España concursó 35.000 millones en proyectos de colaboración público privada, lejos de los 125.000 euros de Inglaterra.
En este sentido, el Colegio recuerda que la inversión en infraestructuras provoca un retorno fiscal de un 62 %.
Desde el Colegio de Ingenieros subrayan además que 1.000 ingenieros de nuevas promociones han emigrado fuera con la crisis, una internacionalización que ha permitido que el desempleo de los 26.000 colegiados se haya estabilizado en el entorno del 12 %.
Santamera ha pedido nuevamente al Gobierno que equipare el título de ingeniero al nivel de máster para que ni las empresas ni los profesionales se vean perjudicados en el mercado internacional en un contexto marcado por la debilidad del mercado español. EFEVERDE
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