El Tribunal de Justicia de la UE declaró hoy a España culpable de incumplir la directiva marco sobre agua en todas las cuencas hidrográficas limitadas al interior de las comunidades autónomas, salvo en la de Cataluña, donde sí se aplicaron a tiempo algunas disposiciones de la normativa europea.
El Tribunal de Justicia de la UE declaró hoy a España culpable de incumplir la directiva marco sobre agua en todas las cuencas hidrográficas limitadas al interior de las comunidades autónomas, salvo en la de Cataluña, donde sí se aplicaron a tiempo algunas disposiciones de la normativa europea.
En una sentencia hecha pública hoy, la Corte de Luxemburgo ha dado la razón a la Comisión Europea (CE), que denunció a España por no transponer correctamente una serie de disposiciones de esta normativa destinada conseguir un buen estado ecológico y químico de las aguas para 2015, según informaron fuentes jurídicas.
El recurso de la CE afectaba a las 13 cuencas hidrográficas intracomunitarias del total de 25 que hay en España: Galicia-Costa, Tinto-Odiel y Piedras, Guadalete y Barbate, Cuencas mediterráneas andaluzas, Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, Islas Baleares, Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Gomera, Hierro y La Palma.
Las cuencas intracomunitarias circulan sólo en el interior de una comunidad autónoma y la administración regional pueden adoptar normas sobre las mismas, a diferencia de lo que sucede en las otras 12 cuencas intercomunitarias, que circulan en el territorio de varias comunidades autónomas y en las que sólo legisla el Estado.
Esta distinción es clave para entender el incumplimiento que se le reprocha a España, ya que las comunidades autónomas (CCAA) deberían haber adoptado en estos ámbitos normas adicionales para sus cuencas intracomunitarias, señalaron las mismas fuentes.
La Comisión consideró que la normativa europea fue aplicada con retraso en el caso de algunas de CCAA, mientras que en otras tuvo lugar dentro de plazo pero sin garantizar una transposición eficaz.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de la Directiva Marco sobre el Agua en todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias salvo en Cataluña.
El Tribunal considera que las disposiciones adoptadas “no garantizan efectivamente una transposición eficaz” en lo relativo a los sistemas de control fijados por la normativa europea.
En 2008 España publicó una orden para la aplicar la directiva exclusivamente a las cuencas intercomunitarias, y posteriormente alegó que sería aplicable también a las cuencas intracomunitarias según el artículo 149.3 de la Constitución.
El Tribunal de Justicia considera “dudoso” que dicha cláusula supletoria pueda aplicarse en estas circunstancias, y añade que en ningún caso satisface “las exigencias de claridad y de precisión” que deben caracterizar la transposición de una directiva, según consta en la sentencia.
Asimismo, España ha adoptado fuera de plazo ciertas disposiciones relativas a los objetivos medioambientales, al planteamiento de control de ciertos vertidos en aguas superficiales y al seguimiento del estado de las aguas superficiales, cambios que el Tribunal no ha tenido en cuenta para su sentencia.
En el caso de Cataluña, el Tribunal también considera que el recurso de la CE “está fundando” al señalar el incumplimiento, ya que esta comunidad autónoma “sólo había transpuesto de manera parcial ciertos artículos” de la directiva referentes a la captación de agua potable y al control de ciertos vertidos.
El resto de medidas legislativas fueron adoptadas fuera de plazo y no pueden ser tenidas en cuenta por el Tribunal de Justicia.
Sin embargo, Cataluña adoptó normas en octubre de 2006 y junio de 2008 sobre seguimiento del estado ecológico y del estado químico de las aguas superficiales, por lo que el Tribunal desestima el recurso de la Comisión en lo que respecta a estas disposiciones.
La sentencia de hoy obliga a España a ajustarse cuanto antes a lo establecido en la normativa, y si esto no sucede, Bruselas podría reclamar la imposición de sanciones económicas. EFE
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