Una Constitución solo puede situar los valores que la sociedad desea proteger dentro de su estructura, dotándoles de las características que correspondan, en cada caso, a su ubicación. En el caso de la Constitución española, el medio ambiente está considerado un “principio rector de la política económica y social” ya que el artículo 45, está incluido entre los “principios rectores de la política social y económica” (capítulo 3º del título I).