SEO/Birdlife, WWF, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción han advertido hoy de que denunciarán a España ante la Unión Europea si el actual Gobierno incumple su compromiso de asegurar el acceso a la justicia gratuita de las ONG ambientales.
La organizaciones no gubernamentales conservacionistas temen que acabe la actual legislatura y no se incorpore su petición ni en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni en la de Patrimonio Natural.
El 29 de abril de 2014, el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón anunció su intención de ampliar el beneficio de la justicia gratuita a las entidades medioambientales, una cuestión que “ahora está bloqueada”, ha dicho a EFE el portavoz de SEO/Birdlife, Juan Carlos Atienza.
Se han hecho eco de su demanda grupos de la oposición del Senado, cuyo pleno tramitará esta semana nueve dictámenes de proyectos de ley, como el del Código Penal Militar, el de modificación de la ley de la carrera militar, la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la ley de Patrimonio Natural.
“La ley de justicia gratuita se ha quedado muerta en el Parlamento y no avanza”, ha asegurado Atienza, quien ha recordado que a las víctimas del terrorismo -con este mismo problema- se les ha brindado una solución en el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal.
La cuestión, ha añadido, es que ya existe una ley de acceso a la información y a la justicia ambiental, “lo único que hace falta es modificarla” para que las ONG puedan acogerse a ella y pleitar sin que ello implique unos costes imposibles de asumir por sus modetas finanzas.
Solamente SEO/Birdlife tiene presentados actualmente alrededor de cincuenta procedimientos en curso ante los tribunales.
El portavoz ha recordado la existencia de una directiva europea y de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avalan su petición.
El fallo judicial, que data de principios de 2014 y condenaba al Reino Unido, afirmaba que el acceso a la justicia por parte de las ONG no puede ser económicamente oneroso y que, incluso antes de iniciarse el proceso, tienen derecho a conocer a cuánto puede ascender el coste.
Esto último “es imposible en el sistema judicial español, ya que un magistrado de primera instancia” desconoce cómo va a discurrir el procedimiento una vez deje de depender de él. EFE
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