Nos encontramos en una de las crisis económicas mas profunda de la historia de España con 4.978.300 personas desempleadas (Encuesta de Población Activa del INE del segundo trimestre de 2011), duplicando la tasa de paro de nuestro entorno europeo, hasta alcanzar el 21,52% de la población activa, datos que no hacen mas que constatar el fracaso de la política económica del gobierno y la ausencia de políticas que incentiven la creación de empleo.
En este contexto social y económico se hace necesario realizar propuestas efectivas y concretas que incentiven la creación de empleo, empleo productivo, sin desestimar ningún recurso a nuestro alcance, priorizando aquellos ámbitos con mayor potencial para ello.
El aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales, mas concretamente de nuestros montes, a través del impulso de la gestión forestal sostenible, planteando actuaciones en colaboración con las comunidades autónomas y los propietarios de los montes, puede ser uno de los campos prioritarios de actuación para generar empleo en el medio rural.
Entre las medidas destinadas a la creación directa de empleo destacamos las actividades forestales tradicionales, como los tratamientos selvícolas para la mejora de la estructura y productividad forestal y para la prevención de incendios forestales, así como la repoblación forestal, por su gran capacidad generadora de empleo en comarcas donde la debilidad de la economía hace mas sensible cualquier reducción de actividad y donde es mas difícil que surjan otras alternativas.
A su vez, el impulso de la gestión forestal sostenible permitirá un mejor aprovechamiento de los montes y la producción y comercialización de productos forestales, e incentivará las industrias derivadas y el uso de la biomasa forestal, en el marco de la generación de energía de fuentes de origen renovable. Con ello, además de posibilitar el uso forestal sostenible a largo plazo y de crear empleo en el medio rural a corto plazo, se consigue evitar enormes costes. Costes derivados de la pérdida que se produce cuando el monte se quema en los servicios que las áreas forestales prestan, estimados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en 2.200 € por hectárea; costes derivados de las emisiones de CO2 que se producen debido a los incendios forestales, evaluado en 500.000 toneladas anuales de CO2; y costes evitados en la compra de derechos de emisión por el efecto sumidero de nuevas masas forestales, estimado en 20 toneladas por hectárea y año, a lo que habría que añadir el coste anual medio que han supuesto los incendios en España en el último decenio que se sitúa en los 355 millones de euros anuales.
A todo ello hay que sumar otros beneficios añadidos, como el de contribuir a minimizar los efectos catastróficos de inundaciones y riadas, con su altísimo coste económico y, sobre todo, en vidas humanas; evitar la pérdida de suelo agrario de alta calidad como consecuencia de la erosión; o constituir una barrera contra procesos de desertificación, y otros beneficios indirectos.
Todas estas actuaciones redundarán, directa o indirectamente, en: la mayor eficacia en la lucha contra los incendios forestales, reduciendo las inversiones necesarias para la extinción y los costes para la reparación de los daños producidos; una reducción de las emisiones de CO2 y aumento del efecto sumidero de los bosques, disminuyendo la compra de derechos de emisión y sus costes; un incremento de los beneficios económicos y ambientales en el desarrollo de energías alternativas; y la creación de empleo en el medio rural.
Sobre el autor:
Maria Teresa de Lara Carbó es candidata del PP por Madrid al Congreso de los Diputados y
Ex portavoz de Cambio Climático
Esta columna forma parte de una serie, en la que los responsables de los distintos partidos que concurren a los comicios del 20-N presentan algunas de sus principales propuestas ambientales.
