Hotel El Algarrobico
Greenpeace ha iniciado los trámites para reclamar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que acelere el derribo del hotel, tras la decisión del Tribunal Supremo el pasado 4 de diciembre de que la Junta de Andalucía acuda a un pleito civil para que la promotora Azata les entregue los terrenos.
«No es la primera vez que la justicia exige al Gobierno andaluz que inicie los trámites por la vía civil: en 2015, el propio TSJA ya le pidió lo mismo. Esto supone un retraso de al menos seis años hasta que se pueda proceder a la demolición del hotel», asegura la ONG en un comunicado.
[box type=»shadow» ] Greenpeace pedirá al TSJA que obligue al Ayuntamiento de Carboneras a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para que lo adapte al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar, norma de rango superior donde El Algarrobico figura como espacio protegido (no urbanizable) por decisión del Tribunal Supremo en 2016.[/box]
Una vez modificado el PGOU, la organización ecologista demandará al Ayuntamiento de Carboneras que revise la licencia de obras y, una vez declarada ilegal, que inicie un expediente de demolición. Todas estas peticiones irán incluidas en el mismo recurso contencioso administrativo.
«La estrategia jurídica seguida por la Junta de Andalucía para demoler el hotel puede demorarse muchos lustros. Para evitar más dilaciones, Greenpeace ha decidido abrir esta vía en los tribunales», ha declarado Pilar Marcos, responsable de Biodiversidad de la ONG.
«Esta es la forma más rápida para demoler el hotel. Si esperamos a que lo ejecute la Junta de Andalucía, lo verán las siguientes generaciones».
Desde Greenpeace, han recordado que la Junta de Andalucía ejerció el derecho de retracto sobre las fincas de El Algarrobico en el año 2006 pero que los compradores de los terrenos recurrieron al TSJA dicha resolución.
Sin embargo, inciden, el tribunal andaluz, en sentencia firme del 7 de octubre de 2013, dio la razón a la Junta.
[box type=»shadow» ]»En esa fecha, el Gobierno andaluz podía ya haber comenzado los trámites para obligar a la constructora Azata a entregarle la finca, pero no lo hizo hasta el año 2015″.[/box]
Sostienen que si la Junta hubiese iniciado el pleito civil en 2013, «ya tendría al menos sentencia en primera instancia».
«A los cuatro años de retraso que ya lleva el Gobierno andaluz en su pretensión de apropiarse de los terrenos, habrá que sumar ahora el tiempo que tarde en tramitar el pleito civil, que puede prolongarse durante seis años más», concluye la ONG. Efeverde
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