Ana Tuñas Matilla
La Xunta de Galicia ha decidido iniciar el procedimiento para archivar el proyecto para la construcción de una macroplanta de celulosa soluble y lyocell en Palas de Rei (Lugo), promovida por la portuguesa Altri y la española Smarttia y contra la que se ha rebelado gran parte de la sociedad civil gallega por su gran impacto ambiental y social.
De ese rechazo surgió el movimiento «Altri NON», que revivió el espíritu combativo de «Nunca Mais», nacido tras el desastre ecológico que causó el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas.
Entre los que se oponen a la planta, grupos ecologistas, como Greenpeace, Adega o Ecoloxistas en Acción; organizaciones vecinales y sectoriales, como Ulloa Viva o la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa; sindicatos, como CIG (mayoritario en Galicia); partidos, como el BNG, Sumar, Podemos y, posteriormente, el PSOE, o el Consello da Cultura Galega, órgano de la Comunidad gallega integrado, entre otros, por universidades y centros de investigación.
Para estos colectivos, la planta no debía construirse por su impacto en el río Ulla, del que tomaría el agua para sus procesos productivos y al que la devolvería tras tratarla; y en la Ría de Arousa, en la que desemboca el río y eje neurálgico del marisqueo, destruirá más empleo del que creará por la contaminación que generará y que también dañará la salud humana.
Además de a mariscadores y pescadores, la planta habría puesto en juego el modo de vida de ganaderos, agricultores e, incluso, hosteleros, pues la zona vive del turismo generado por el Camino de Santiago, cultivos y ganado.
Manifestaciones multitudinarias
La oposición social ha quedado patente en múltiples protestas, como las multitudinarias manifestaciones que recorrieron Santiago de Compostela en diciembre de 2024 y de 2025, o la del 22 de marzo en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), que se desarrolló por tierra y mar.
Pese a las advertencias del grave impacto ambiental de la planta, contra la que se presentaron más de 27.000 alegaciones y promovida por Greenfiber -participada por la portuguesa Altri (75 %) y la española Smarttia (25 %)-, la Xunta le otorgó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable.
Sin embargo, antes de continuar con la tramitación ambiental del proyecto y dar luz verde a su construcción, el ejecutivo autonómico ha decido iniciar el procedimiento para archivar el expediente del que fue declarado «proyecto industrial estratégico» por no figurar en la Planificación Energética 2025-2030 que negocian Gobierno central y autonomías las infraestructuras que harían posible conectarlo a la red eléctrica.
«El archivo y la caducidad del expediente vienen determinados porque la empresa no puede justificar la fórmula técnica prevista en el proyecto para su conexión a la red», según la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que ha insistido que no tiene sentido seguir con la tramitación ambiental sin la parte industrial no está resuelta.
Adiós, al menos hasta 2030
Aunque Greenfiber cuenta a con un plazo de tres meses para que «justifique la conexión», la propia Lorenzana ha considerado que todo apunta «a que no van a conseguir esa conexión», al menos no hasta 2030.
Tras el anuncio de Lorenzana, la compañía ha asegurado que la decisión de Administración Central de excluir el proyecto de la planificación eléctrica tiene un carácter político y no técnico, y ha recordado que ha presentado alegaciones que, hasta el momento, no han recibido contestación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.
En todo caso, «la empresa se encuentra estudiando diferentes opciones técnicas para la conexión a la red eléctrica, independientemente de la planificación futura de Red Eléctrica Española», ha asegurado Greenfiber en un comunicado.
Los promotores del bautizado como proyecto GAMA, decidieron seguir adelante a pesar de que se sabe desde hace meses que la planificación eléctrica no incluye las infraestructuras que harían posible su conexión a la red eléctrica (como una subestación) y de que tampoco han reunido la financiación pública a la que aspiraban.
Según los expertos consultados por EFEverde, las infraestructuras que se incluyen en la planificación se construyen allí donde se constata que existe interés económico y se sabe que serán utilizadas, por una empresa u otra. No se planifican en zonas en las que podrían quedar inutilizadas en caso de que no salga un determinado proyecto porque no haya más interesados en implantarse allí.
Así, es difícil que Greenfiber vaya a lograr la subestación que requiere para poder recibir energía eléctrica, ya que es el único proyecto industrial en la zona.
Origen del proyecto
Para reactivar la economía tras la covid-19, se creó Impulsa Galicia, una entidad integrada por la Xunta (40%), Abanca (38%), Reganosa (12%) y Sogama (10%) con el foco puesto en un modelo de desarrollo «verde y digital» y hoy ya inexistente.
Entre mayo y septiembre de 2021, Impulsa lanzó un concurso de ideas para articular proyectos de gestión sostenible de los bosques gallegos. En respuesta a ese concurso nació Gama, que fue presentado por Altri.
Entre ambas partes, medió la consultora que se autodefine como «supra-especializada» en asuntos públicos Acento Public Affairs, fundada y dirigida por el ex ministro de Fomento y ex vicesecretario general y ex secretario de Organización del PSOE, José Blanco, natural de Palas de Rei.
Recientemente, Havas Media Grupo ha anunciado la compra de Acento, en la que también figuran el ex ministro de Sanidad del PP Alfonso Alonso y María Lledó, que fue secretaria general para la Unión Europea en el Ministerio de Exteriores entre diciembre de 2021 y agosto de 2024. Entres sus asesores, otros ministros como Joan Clos, Valeriano Gómez o Elena Pisonero.
En abril de 2022, Altri anunció la ubicación de la planta: Palas de Rei; y en diciembre de ese año Gama fue declarado Proyecto Industrial Estratégico por la Xunta y con el respaldo por unanimidad del Parlamento gallego, lo que agilita y facilita la tramitación. Tras su apoyo inicial, y a media que se iban conociendo datos de la planta, formaciones como el BNG pasaron a oponerse frontalmente.
La titularidad del proyecto se traspasó en julio de 2023 a Greenfiber, participada por Altri y Smarttia, sociedad holding del millonario gallego Manuel García Pardo, fundador y máximo accionista de Greenalia (94%). EFEverde
atm
https://efeverde.com/las-lluvias-recrudecen-el-debate-sobre-el-trasvase-tajo-segura/
