Madrid.- El consumo de gas en España aumentó un 6,2 % en 2025 si se compara con el 2024 debido al aumento de su uso por parte del sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril, que disparó el uso de este combustible un 39 % y supuso unos sobrecostes para los consumidores estimados de entre 422 y 1.500 millones de euros.
Estas son las principales conclusiones del anuario que ha publicado este lunes la red de Ecologistas en Acción Gas No es Solución, que destaca que, en lugar de reducir su dependencia fósil, el sistema energético español ha cambiado a Rusia por Estados Unidos sin cuestionarse el modelo.
Según el estudio, el aumento del gas en el país estuvo impulsado por el consumo del sistema eléctrico, cuyas emisiones aumentaron un 16 % en 2025 con respecto al año anterior debido a la puesta en marcha de la conocida como operación reforzada, que en la práctica supone aumentar la programación de ciclos combinados, tras el apagón del 28 de abril.
Esta medida ha provocado un aumento del 39 % en la generación de electricidad con gas frente al ejercicio anterior, al tiempo que ha supuesto un coste adicional a los consumidores de entre 422 y 1.500 millones de ellos, por lo que desde la red Gas No es Solución piden eliminarlo gradualmente «cuanto antes».
Más gas desde Estados Unidos
Junto con este efecto del apagón, el 2025 se caracterizó por el aumento de la dependencia del gas importado de Estados Unidos, que se ha convertido en el segundo mayor proveedor de España, por detrás de Argelia.
Según el informe, este giro hacia el otro lado del charco no responde a una estrategia de transición, sino a una sustitución de dependencias que refuerza un modelo fósil impulsado por intereses geopolíticos y corporativos.
A este respecto, señalan que el 100 % del gas importado desde Estados Unidos procedió de terminales en el Golfo de México vinculadas al gas de fracking, una técnica que causa graves impactos ambientales y sociales sobre las comunidades locales y que está prohibido en el territorio español.
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Además, señalan como cómplices de este modelo a empresas como las energéticas Naturgy, Endesa y Repsol o los bancos como Santander, BBVA y La Caixa.
Aplicar el reglamento europeo
El informe también ha puesto sobre la mesa la necesidad de aplicar con urgencia el reglamento europeo del metano y garantizar la trazabilidad en las importaciones a través de un registro público, después de que las fugas asociadas a proveedores como Estados Unidos y Argelia aumentaran en el último año.
Asimismo, ha destacado la regasificadora de El Musel (en Xixón) como «caso emblemático de mala planificación», después de que, según el informe, haya operado mayoritariamente inyectando gas en la red estatal y no como centro logístico internacional.
Concretamente, más del 80 % del gas descargado en esta planta ha terminado en el mercado interno y 35 de los 36 metaneros que ha recibido procedían de Estados Unidos.
Por último, el informe ha advertido que, sin criterios estrictos, las nuevas infraestructuras y alternativas para dejar atrás el gas fósil, como el biogás y el biometano, pueden convertirse en mecanismos «de lavado verde» que prolonguen la vida útil de la red en lugar de contribuir a desmantelarla.
Por ello, piden que el Sello de Excelencia de Biometano planteado por el Gobierno cuente con valor regulatorio y sea requisito obligatorio para acceder a financiación pública, al tiempo que excluye a las macrogranjas, cultivos energéticos e intermediarios como fuentes orgánicas, restringe el uso de biometano a sectores difícil de electrificar o asegura auditorías independientes. EFE Verde
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