El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Ley de Responsabilidad Ambiental con los votos del PP y CIU, la abstención del PNV y el rechazo del resto de los grupos que han criticado que "miles de empresas" quedarán exoneradas de contratar un seguro verde para afrontar los posibles daños ambientales que pudieran causar.
La oposición ha citado el informe del Consejo de Estado para asegurar que, de 320.000 actividades, sólo 5.470 tendrán la obligación de tener una garantía financiera.
Esta exención supondrá un ahorro de más de 1.410 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas, porque a juicio del Ejecutivo carece de sentido exigir un seguro previo para actividades que difícilmente van a causar daños ambientales, como una panadería o un estudio de música.
El texto votado en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con competencia legislativa plena será remitido ahora al Senado.
Durante el debate, el diputado de UPyD Toni Cantó ha considerado que la ley lo que hace es "traspasar el cuidado del gallinero al zorro", mientras que Olaia Fernández (BNG) ha argumentado que abre el camino de la protección "a la baja".
El diputado del PSOE, José Luis Ábalos ha criticado también esta medida y ha señalado que el meollo de la cuestión está en el hecho de que cuando ocurre una tragedia no paga el responsable, como ocurrió con el Prestige, sino que pagan todos los ciudadanos.
En sentido parecido se ha pronunciado Laia Ortiz (Izquierda Plural), para quien la "miopía" del Gobierno no tiene límites al creer que el medio ambiente lastra la economía.
En su tramitación parlamentaria en la Cámara baja, el PP ha aceptado sólo dos enmiendas del PNV y una de CIU, todas ellas de mejora técnica y carácter competencial.
El portavoz de este último grupo, Martí Barberá ha juzgado que algunas formaciones estaban haciendo campaña electoral y que la norma no reduce la responsabilidad de los operadores, ni busca que el medio ambiente quede perjudicado, sino simplemente agilizar y simplificar trámites para ayudar a las empresas.
El PP ha incluido dos enmiendas de su autoría: una primera, dirigida a "aclarar" el régimen de las medidas ambientales de las desaladoras, ha explicado a Efeverde la diputada y ponente Celia Alberto, y la otra, para añadir una disposición sobre actuaciones contempladas en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
Inclusión criticada por la oposición que ha reprochado al Gobierno su práctica de "colar por la puerta de atrás" asuntos que tienen que ver con la planificación hidrológica.
De acuerdo con la futura norma, que ampliará el daño ambiental a las aguas marinas, quedarán exentos del seguro verde aquellos operadores cuyas actividades sean susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe por una cantidad menor a 300.000 euros.EFEverde
