Madrid, 12 abr (EFE).- La aprobación de una medida para ampliar los regadíos al norte del Parque Nacional y Natural de Doñana ha recrudecido la «guerra del agua» que enfrenta en España al Gobierno central con el regional de Andalucía, a mes y medio de las elecciones municipales y autonómicas y con la creciente preocupación de la Unión Europea por el futuro de la mayor reserva ecológica europea.
Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1980 y, posteriormente, Patrimonio de la Humanidad en 1994, Doñana es uno de los espacios protegidos más conocidos de Europa y se despliega sobre una superficie de más de 122.000 hectáreas en una decena de municipios de las provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y Cádiz a través de dos figuras formales: el Parque Nacional, creado en 1969, y el Parque Natural, creado en 1989 y ampliado en 1997.
Por su extensión y ubicación en el entorno del Estrecho de Gibraltar, supone el lugar más importante para acoger, especialmente durante los meses invernales, hasta a 200.000 ejemplares de numerosas especies de avifauna: desde águila imperial hasta chorlitejo patinegro, pasando por flamenco, halcón peregrino, pato cuchara o somormujo lavanco, entre muchas otras.
Sin embargo, la región alberga también numerosas explotaciones agrícolas que han prosperado incluso a base de pozos ilegales, que extraen agua del mismo acuífero que debe sostener el equilibrio ecológico en la zona, para producir esencialmente fresas y frutos rojos que son exportados luego a todo el continente.
La propuesta actual de la Junta de Andalucía daría carta de naturaleza a estas explotaciones si finalmente es aprobada por el pleno del parlamento regional andaluz entre los próximos meses de mayo y julio y pretende, según el actual gobierno regional del Partido Popular (conservadores), resarcir el daño causado a centenares de pequeños agricultores que en 2014 fueron excluidos por el Ejecutivo anterior, del PSOE (izquierda), en el conocido como Plan de la Fresa, aunque tuvieran actividad en la zona.
Por ello, busca «la clasificación de tierras para hacer justicia» y «nada tiene que ver» con el agua ni con Doñana, según el ponente de la ley, el popular Manuel Andrés González, quien ha pedido al Gobierno central y a los socialistas locales que «no mientan ni tergiversen» porque «está en juego el porvenir de muchas familias».
El diputado socialista Mario Jiménez, sin embargo, calificaba de «inmensa farsa, estafa y engaño» a los agricultores esta «ley de punto final para los que han incumplido la ley», propuesta además «en plena sequía» y que convierte a su juicio a Juanma Moreno Bonilla, el actual presidente andaluz, en «referente nacional del negacionismo medioambiental»,
La polémica política incluye también a ecologistas y científicos como Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, que considera «no hace más que generar tensión y alimentar el conflicto», sobre todo después de que hace unos días la Estación Biológica de Doñana (CSIC) reiterara en un informe la situación «crítica» que atraviesa la reserva.
Organizaciones conservacionistas como WWF y Ecologistas en Acción han asegurado que insistirán en sus denuncias ante la UE por la «violación flagrante» de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que en 2021 condenó al Gobierno de Madrid por el deterioro de Doñana por «no proteger los humedales, entre los más destacados de Europa».
La directora general de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Florika Fink-Hooijer, envió una carta a las autoridades españolas para transmitir su preocupación e instarlas a aplicar cuanto antes las medidas necesarias para hacer cumplir la sentencia judicial. EFE
ppm/ads
