Efeverde.- La organización Ecologistas en Acción ha pedido a las comunidades autónomas que eliminen la caza intensiva de perdiz y todas las prácticas asociadas a ella, por ser contrarias a la normativa de protección de la naturaleza.
Perdiz de bote
En comunidades como Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Extremadura y Castilla y León, la caza intensiva, basada en la suelta de animales criados en granjas (“de bote”), ha crecido de forma exponencial, y ya en 2013, supuso el 55,7 por ciento del total de ejemplares abatidos.
En un informe, Ecologistas señala que el desarrollo de esta caza, que califica de “industrial”, es tal que ya se matan más perdices rojas “de bote” que naturales.
La organización ecologista denuncia que la cría en granjas lleva aparejada un manejo “intenso” del acotado para rentabilizar la inversión con los cazadores.
Según Ecologistas en Acción, un grupo de tres a ocho cazadores pueden dejar hasta 36.000 euros en un fin de semana, pagando entre 46 y 57 euros por perdiz capturada.
Daños a la biodiversidad
El daño a la biodiversidad se multiplica en estos cotos y sus dueños fuerzan cambios normativos para reducir los controles ambientales.
“Así ha ocurrido, por ejemplo, con la Ley de Caza de Castilla-La Mancha aprobada en marzo de 2015, donde el lobby de los intensivos ha forzado un cambio a su favor sin precedentes introduciendo la figura del cuartel de caza comercial”.
Entre las “malas prácticas” destacan la utilización de medios legales e ilegales de control de predadores, como lazos, cajas-trampa o veneno, la dispersión del plomo de la munición en el campo, caza fuera de temporada, así como infraestructuras como caseríos, redes de caminos, vallados y hasta aeropuertos privados.
Recuerdan que ya hay varias denuncias del Seprona, como la de un coto intensivo en Murcia, así como condenas a cárcel para titulares de fincas por la muerte de linces y otras especies protegidas o en peligro de extinción en Ciudad Real, León o Toledo.
Trampas para depredadores
En mayo de 2015, en Castilla La Mancha el lince Llera, del programa de reintroducción Life+Iberlince, fue localizado apresado en un lazo en alar (percha de cerdas para cazar perdices) autorizado, gracias a que portaba un radiotransmisor.
Estos alares, que se amparan en una homologación del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, pueden llegar a instalar 240 lazos por cada 500 hectáreas, por lo que es difícil que escape cualquier otro animal que no sea la perdiz.
Ecologistas cita además estudios sobre los daños en la biodiversidad como uno realizado por especialistas del CSIC en el que se concluía que “las sueltas de perdices de granja y de los cotos intensivos podrían estar afectando negativamente a dos grupos de aves protegidas: las rapaces y las esteparias”.
Las administraciones, normativas permisivas
A pesar de estas evidencias, las administraciones “no sólo son reacias a prohibir la caza intensiva, sino que la fomentan con normativas cada vez más permisivas y con una ausencia de vigilancia”, denuncia la organización.
La presión del lobby que maneja este negocio “es tal que llega incluso a acallar las voces de otros sectores cinegéticos perjudicados por este tipo de caza, a la que acusan de haber acabado con la perdiz autóctona”.
Para Ecologistas, “es hora de que se prohíba la caza intensiva y los cuarteles de caza comercial, por ser una practica dañina y perjudicial, que solo beneficia a unos pocos por una cuestión puramente economicista”. Efeverde
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