Ana Tuñas Matilla
Comunidades autónomas y Gobierno central mantienen un pulso entorno a la desprotección del lobo, una medida que permite su caza y que se introdujo en una enmienda a la Ley de Desperdicio Alimentario durante su trámite parlamentario, lo que, para el jurista Pedro Brufao Curiel es inconstitucional porque el poder Legislativo ha incurrido en «innegable arbitrariedad».
Especializado en Derecho Administrativo y Derecho Ambiental, Brufao Curiel ha publicado un artículo doctrinal en Actualidad Jurídica Ambiental en el que analiza cómo se ha tramitado la descatalogación del lobo ibérico como especie protegida y concluye que debe ser declarada inconstitucional y, por tanto, dejarse sin efecto.
Cuestión científica y administrativa
La conclusión es, según el jurista, que el Parlamento, a través de una enmienda al proyecto de Ley de Desperdicio Alimentario (aprobada en 2025), «coló» en una ley una cuestión, el estado de conservación del lobo, que debe basarse estrictamente en criterio científico y administrativo.
La enmienda no sólo va en contra del derecho de la Unión Europea y la evidencia científica, que dice que lobo está en un estado de conservación desfavorable, sino que, además, «se inmiscuye ilegítimamente en un asunto estrictamente administrativo», ha explicado en declaraciones a EFEverde.
Es el poder Ejecutivo y no el Legislativo el que tiene competencia para declarar una especie como catalogada, por lo que éste último «ha incurrido en innegable arbitrariedad y la ley es inconstitucional», ha aseverado.
La prohibición de la arbitrariedad, ha recordado Brufao Curiel, se predica en la Constitución y para todos los poderes públicos y que el lobo está en situación desfavorable es un hecho científico que no se puede alterar por el Parlamento.
Impide la tutela judicial efectiva
Otra cuestión problemática, ha subrayado, es que se ha usado la ley para elevar el rango de una cuestión administrativa y blindarla así frente a la actuación de los ciudadanos ante los tribunales, ya que una sólo puede ser recurrida por 50 senadores, 50 diputados, el Gobierno, el Defensor del Pueblo o las autonomías.
Esto impide el acceso al derecho a la tutela judicial efectiva protegido en la Constitución y el Convenio Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, ratificado por España.
Sobresale que el propio Gobierno no haya interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, algo que sí ha hecho el Defensor del Pueblo, cuyo recurso ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
Tras la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario, el lobo es objeto de caza para el control de poblaciones como Asturias, Cantabria y Castilla y León, que defienden que las poblaciones han crecido y con ello el número de ataques a ganado.
En Galicia no se autorizaban batidas ya antes de su catalogación como especie amenazada, por lo que estaba protegido de facto.
LA UE permite a los estados mantener su protección
El año pasado, la Unión Europea abrió la mano a la caza de lobo al rebajar su protección de «estrictamente protegido» a «protegido», aunque dejando a los Estados miembros libertad para preservar un estatus más restringido en su legislación doméstica.
España, junto a otros países como Irlanda o Eslovenia, lideró la campaña para mantener la protección a pesar de la presión de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León de rebajar su protección para permitir su caza al norte del Duero para proteger la ganadería.
Aquí, la rebaja del estatus de protección se hizo a través de una enmienda del PP a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que conllevó la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), en el que fue incluido en 2021 dado su mal estado de conservación y que conllevo que se prohibiera su caza.
Según los últimos datos oficiales, el censo nacional de 2025 contabilizó 333 manadas, el 12 % más que en el recuento anterior de 2014, aunque aún por debajo del umbral mínimo de 500 manadas que la comunidad científica considera necesario para garantizar la viabilidad genética de la especie.
Nueva pugna. Caza e incendios
En este contexto, siete comunidades autónomas (Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León) han decido denunciar al Gobierno ante la Comisión Europea (CE) por, entre otras cuestiones, no renovar el censo y, con ello, dar seguridad jurídica a sus respectivos planes para «extraer» ejemplares.
Además, reclaman que se convoque de forma inmediata una conferencia sectorial monográfica sobre el lobo y que transfiera a los Ejecutivos autonómicos los fondos establecidos en la estrategia nacional de gestión de ese animal.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha alegado que si no ha enviado el informe sobre situación del lobo en España a la CE es porque aún no ofrece una base científica solvente debido a los cambios sustanciales que se han producido recientemente en las poblaciones.
Estos cambios se deben tanto a la eliminación de ejemplares que se han llevado a cabo por parte de algunas comunidades autónomas, así como a las muertes y desplazamientos poblacionales provocados por los grandes incendios forestales del pasado verano, según el Ministerio.
Esta misma semana, el Senado ha aprobado una moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas que tiene que adoptar el Gobierno para evitar daños de la fauna salvaje -en concreto, el lobo y los jabalíes- en la agricultura y la ganadería.
En defensa de la moción, el popular Juan Carlos García acusó al Gobierno de dar «prioridad a la fauna salvaje y no a los ganaderos» y, con ello, provocar que muchas explotaciones tengan que cerrar.
El PP demanda al Gobierno que remita a la Comisión Europea el «informe sexenal del periodo 2019/24» sobre el estado del lobo, «que no lo ha entregado porque ya no necesita conservación», según García. EFEverde
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