El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, ha rechazado que se incluyan empresarios en el ente rector del agua acordada por cuatro partidos de derecha en una comisión del Congreso, incluido el suyo.
El mandatario electo, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), señaló en sus redes sociales que “la junta directiva del ente rector del agua debe estar conformada únicamente por miembros del sector público”.
Bukele, quien asumirá el Ejecutivo el próximo 1 de junio, pidió al presidente actual, Salvador Sánchez Cerén, que vete la iniciativa, si esta es aprobada en el pleno legislativo.
[box type=”shadow” ]”El agua no puede ser privatizada sin la sanción del presidente de la República o la superación del veto presidencial” en el Congreso, sostuvo.[/box]La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático acordó este lunes, con 8 votos de los 11 miembros, incluir a representantes del sector agropecuario e industrial en la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Este acuerdo, que forma parte de un anteproyecto de ley que debe ser discutido en su totalidad y pasar al pleno del Congreso para su aprobación, fue rechazado únicamente por los dos representantes del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La iniciativa tuvo los votos favorables de ocho representantes de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) de Buekele, Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN), mientras que un diputado de GANA se abstuvo.
Ente rector del agua
Con esta decisión, el ANA se completaría con representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), alcaldías, juntas ciudadanas de agua y Universidad de El Salvador (UES).
El secretario general del FMLN, Medardo Gónzalez, criticó en sus redes sociales la decisión y señaló que este sería “un ente rector privatizador del agua“.
Por su parte, la diputada de Arena y presidente de la referida comisión, Martha Evelyn Batres, señaló que los artículos de la iniciativa que tienen luz verde establecen que el agua “es un bien de uso público, es un derecho humano y le pertenece al Estado”.
Diferentes organizaciones sociales, la Iglesia católica y universidades se han manifestado contra la inclusión de la empresa privada en el ente que decidirá sobre el uso del vital líquido. ACAN-EFE
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