Los gobiernos de Cantabria y La Rioja se refuerzan en la caza del lobo ibérico, con la aprobación, la primera, de un nuevo Plan de Gestión del Lobo que permite cazar hasta un máximo del 20 % de la población por año, y la autorización, la segunda, para matar cuatro lobos fuera del periodo aprobado inicialmente, mientras el Tribunal Supremo ha dictado cinco nuevas resoluciones anulando autorizaciones anteriores, en este caso de Cantabria en 2022.
Los nuevos fallos se suman a los que el alto tribunal publicó en febrero, uno anulando una autorización dada por Cantabria para «extraer» dos lobos en terrenos de dos municipios, y otro anulando el programa de control del lobo 2022-2023 de Asturias.
Jurisprudencia
El propio Supremo ha señalado que aunque las autonomías «tienen competencia para adoptar medidas de gestión del lobo que pueden incluir la muerte, éstas deben someterse a unas rigurosas condiciones (…) que deben interpretarse de acuerdo con las pautas aplicadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en aplicación de la Directiva Hábitats».
Esto supone, según la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, que la muerte del lobo sólo se puede autorizar cuando sea la única solución para evitar daños al ganado y, por tanto, debe ir precedida de un examen de las alternativas que razonablemente pueden adoptar las explotaciones ganaderas para impedir ataques.
Además, la autorización requiere la comprobación del buen estado de conservación de la especie, «para lo que no es suficiente con observar que su población se ha incrementado en uno o varios municipios en concreto, sino que, a causa del amplio territorio en que se mueve el lobo, es preciso un estudio más extenso».
La extracción o muerte de ejemplares, añade el Supremo, debe ser selectiva, por lo que no es posible permitir que se aplique de forma indiscriminada a un determinado número de individuos sin otra concreción, dado que la muerte de algunos ejemplares de la manada puede ser particularmente perjudicial.
Los siete fallos del Alto Tribunal se refieren a autorizaciones de caza anteriores a la rebaja de la protección de la especie que se introdujo a través de la Ley de Desperdicio Alimentario en 2025 (recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo).
Desde organizaciones de defensa del lobo ibérico como ASCEL sostienen, no obstante, que la jurisprudencia creada por el Supremo es clara e inequívoca y pone fin al muerte «irracional e indiscriminada» de estos animales basada en cupos.
ASCEL: El Supremo pone fin a la muerte irracional e indiscriminada de lobos
Cantabria
Tras el fallo del alto tribunal, Asturias decidió paralizar las batidas previstas para gestión del lobo y autorizadas tras la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario (habían muerto 31 de los 53 autorizados).
Por su parte, el Gobierno de Cantabria ha aprobado un nuevo plan de gestión del lobo, publicado hoy en el boletín oficial regional, que actualiza la planificación vigente desde 2019 y permite el «control» de ejemplares «con un cupo limitado, como máximo, al 20 % anual de la población».
Según el gobierno autonómico, Cantabria cuenta actualmente con, al menos, 23 manadas de lobo y una población de más de 200 ejemplares, lo que, a su juicio, confirma un estado de conservación favorable.
Este crecimiento, añade en un comunicado, ha venido acompañado de un aumento «significativo» de los daños a la ganadería extensiva, que en 2025 alcanzaron los 3.057 ataques (371 más que en 2024). En los últimos 5 años, añaden, se ha triplicado el número de animales muertos por ataques de lobo».
Para la Consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, el plan es fruto del compromiso adquirido con el sector primario y es un paso importante que se une a la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) propiciada por el PP, a las extracciones realizadas en los últimos meses (43 lobos muertos en la temporada 2025/2026).
La Rioja
Por su parte, el Gobierno de La Rioja autorizó el 12 de marzo la caza de cuatro lobos en las zonas del Alto Najerilla y del Camero Viejo.
La autorización llega una vez cerrado el periodo de batidas aprobado y que abarcaba del 1 de octubre de 2025 al 7 de febrero, periodo en el que, según el Ejecutivo autonómico, no se mató ningún ejemplar.
De telón de fondo, el enfrentamiento entre las comunidades «loberas» y Gobierno central en torno al estado de conservación del lobo.
Mientras las primeras aseguran que el estado de la especie es favorable, el segundo sostiene que no se puede saber mientras no se revisen las cifras teniendo en cuenta la afectación de los incendios del pasado verano y el impacto que ha tenido en las poblaciones las muertes aprobadas tras la salida del lobo del LESPRE (unas cien sólo en Cantabria y Asturias) con la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimientario. EFEverde
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