Así lo ha señalado este martes en rueda de prensa la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, quien ha recalcado que «resulta imposible justificar» estos trasvases desde los puntos de vista legal, de sostenibilidad y económico.
Fernández ha añadido que «siguen drenando el río Tajo sin tener en cuenta las necesidades de la cuenca cedente y los cauces ecológicos mínimos con los que debe contar el río».
Por lo tanto, ha subrayado que estos dos trasvases «no contaron ni con una cosa ni con la otra» y, para el Ejecutivo autonómico, son «claramente ilegales», porque por un lado incumplen la Ley de Aguas al no tener en cuenta las necesidades de la cuenca cedente y, por otro, incumplen la sentencia del Tribunal Supremo sobre caudales ecológicos que generó jurisprudencia.
En este sentido, ha incidido en que el trasvase Tajo-Segura sigue siendo «negativo para los intereses de Castilla-La Mancha», por lo que la portavoz regional ha indicado que el Gobierno autonómico se ha visto «obligado» a interponer sendos recursos.
Ha explicado que mientras Andalucía, Valencia y Murcia cuentan con una reserva de agua de 4.491 hectómetros cúbicos, la región castellanomanchega no alcanza los 2.000 hectómetros cúbicos y «aún así seguimos siendo nosotros los que cedemos el agua».
Además, en nombre del Ejecutivo regional, Fernández ha instado al Gobierno de España y al Levante a que busquen «alternativas viables» para el regadío como la desalación, al tiempo que ha reivindicado una reserva estratégica de 800 hm3 en la cabecera del Tajo y se ha mostrado convencida de que «hay muchas opciones para ganar estos recursos».
De igual forma, ha manifestado que Castilla-La Mancha no reclamará ningún trasvase para abastecimiento humano y ha añadido: «Agua para beber para todos, sin ningún tipo de complejos, pero en agua para regar hay que buscar alternativas», ya que la «hipoteca sobre el Tajo» resulta «insoportable» y Castilla-La Mancha es «una tierra seca con pocos recursos hídricos y con necesidades». EFEverde
