El defensor del pueblo catalán ha pedido que el Gobierno de Cataluña y el Parlamento autonómico presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para ilegalizar el real decreto-ley por el que se aceptó la renuncia de Escal UGS a la concesión del almacén de gas Castor y que fija una indemnización para la compañía de 1.350 millones de euros.
El Síndic ha calificado de «fatal» la gestión de la administración del estado y ha cuestionado si la compensación otorgada a la compañía se ha hecho conforme a las reglas de la competencia.
Asimismo, ha alertado de que el decreto-ley aprobado el pasado 3 de octubre por el gobierno podría vulnerar el Tratado Fundacional de la Unión Europea en materia de ayudas de estado. EFEverde
