En su informe «Tratados comerciales y transnacionales europeas de la energía en Centroamérica», AT y OMAL aseguran que la UE fortalece las leyes de comercio para proteger los intereses de sus compañías en la región a través de 56 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre países europeos y centroamericanos, así como del Acuerdo de Asociación firmado entre Centroamérica y la UE.
Liliane Spendeler, directora de AT, ha explicado en un comunicado que «la experiencia entre la UE y Centroamérica deja claramente de manifiesto cómo los tratados de libre comercio e inversiones representan un potente instrumento de protección de los intereses de las empresas transnacionales, creando una armadura de seguridad jurídica de las inversiones, por encima de los derechos sociales, ambientales y democráticos de las poblaciones».
Países afectados
Las comunidades afectadas denuncian el saqueo de los recursos naturales, la mala calidad o ausencia del servicio supuestamente prestado, la precariedad laboral, atropellos a los derechos humanos y el deterioro de los ecosistemas.
Sin embargo, las víctimas «no encuentran respuestas en los tribunales estatales, ni en las estancia internacionales y deben recurrir a buscar vías de justicia alternativas», en particular ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, según el comunicado de AT que también ha recalcado el hecho de que las empresas «tienen a su alcance, no sólo la propia justicia estatal, sino que también, gracias precisamente a estos tratados de libre comercio, pueden acudir a tribunales de arbitraje internacionales» donde denuncian a los Estados cuando consideran que éstos atentan contra sus inversiones e intereses.
Por ello estas dos dos organizaciones han solicitado una evaluación a fondo de los efectos sociales y ambientales de los más de 3.000 tratados comerciales aprobados en todo el mundo, un mayor control público sobre las negociaciones de cualquier acuerdo de comercio e inversión, una garantía del respeto a los derechos humanos en el comercio y un tratado vinculante ambicioso de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.
En este sentido, AT recuerda que la semana pasada se presentaron más de tres millones de firmas de la ciudadanía europea contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la UE (TTIP). EFEverde
