Javier Albisu
Bruselas, 22 nov (EFEverde).- La Unión Europea (UE) desembarca en la COP28 de Dubái con una novedosa herramienta climática recién estrenada que busca gravar la importación de productos cuya fabricación genere más CO2 del permitido dentro de las fronteras del club comunitario.
El llamado CBAM, por las siglas en inglés de Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera, pretende evitar las fugas de carbono, de forma que las industrias comunitarias se instalen fuera de la UE para beneficiarse de legislaciones medioambientales más laxas, y que no se vean perjudicadas por las condiciones menos exigentes en las que opera la competencia foránea.
En teoría, ese instrumento se diseñó para no usarse. La Comisión Europea presentó en 2021 un mecanismo para proteger a sus empresas frente a marcos jurídicos menos exigentes con la leve esperanza de que el resto de países se dotara de sus propios sistemas para gravar el CO2 y que el arancel europeo nunca tuviera que aplicarse.
Pero tres años después, pocos han avanzado por esa senda. Sólo un puñado de países fuera de la UE -como China, Estados Unidos, Japón, Canadá, Corea del Sur, México, Kazajistán o Nueva Zelanda- tiene o está desarrollando un sistema como el ETS.
Y tras haber superado la tramitación legislativa comunitaria, la realidad ha propiciado que el mecanismo haya entrado en funcionamiento el pasado 1 de octubre, aunque por ahora sólo en una fase de prueba que se extenderá hasta 2026.
Período de transición
La fase piloto servirá para poner a punto el mecanismo, que afectará inicialmente a la producción de hierro y acero, cemento, fertilizantes, aluminio, electricidad e hidrógeno y algunos productos derivados.
Durante el período de prueba, los importadores de mercancías deberán presentar informes trimestrales donde detallen la cantidad de bienes importados, el país de origen y las emisiones directas e indirectas de los mismos, calculados con distintas metodologías disponibles.
También tendrán que señalar si el país donde se han producido esos bienes tiene impuestos sobre el CO2, como la UE a través del sistema europeo de comercio de emisiones, el llamado ETS.
Ese mercado, al que están sujetos los veintisiete Estados miembros de la UE más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, pone un precio a la tonelada de CO2 emitida por 11.000 plantas de consumo intensivo de energía, los generadores eléctricos y los sectores de los edificios y del transporte por carretera.
A partir de 2026, los importadores de los sectores señalados tendrán que comprar autorizaciones para importar "mercancías CBAM", además de declarar anualmente en volumen de importaciones y sus emisiones de CO2 directas e indirectas, así como comprar certificados para cubrir las emisiones declaradas.
El precio de esos certificados se calculará en función del precio del CO2 en el mercado ETS, que actualmente ronda los 80 euros por tonelada emitida.
En caso contrario, se le aplicaría la media del 10 % de las plantas más contaminantes del sector en la UE.
Y una vez el CBAM funcione a pleno rendimiento, se ampliará el cupo a productos adicionales como químicos y polímeros con el objetivo de que en 2030 cubra todos los productos bajo el régimen ETS, si bien aún no se sabe cómo.
Impacto global
El sistema, que tiene un cierto aroma a proteccionismo medioambiental, podría colisionar con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) si se entiende como un subsidio a las empresas europeas.
Por ello, los permisos gratuitos de emisión de los que gozan algunas industrias europeas irán desapareciendo progresivamente para que todos los implicados, sean comunitarios o extracomunitarios, operen en igualdad de condiciones.
Se estima que el mecanismo afectará en particular a países como Rusia, China, Turquía, Reino Unido, Egipto, Argelia y Serbia, Bosnia y Herzegovina, Arabia Saudí, Albania, Túnez, Marruecos Ucrania, Brasil, Taiwán, Corea del Sur, Baréin o Mozambique.
El sistema ha inspirado al Reino Unido a dotarse de una herramienta similar, que Londres espera esté operativa en 2026, y también a India, cuyo ministro de Comercio, Piyush Goyal, ha avisado de que Nueva Delhi creará su propio gravamen al CO2 en frontera si la UE sigue adelante con el CBAM.
Goyal ha advertido recientemente contra el instrumento europeo, asegurando que destruirá la industria europea de la automoción, muy vinculada a la producción de acero y aluminio.
"Se están pegando un tiro en el pie, según mi valoración personal. No estoy tan preocupado. Creo que un día de estos ellos mismos se darán cuenta", declaró recientemente el ministro indio.
Bruselas calcula que el nuevo sistema, una vez plenamente operativo, podría recaudar entre 5.000 y 14.000 millones de euros al año y parte de los fondos irán al presupuesto de la UE, en forma de recursos propios, y parte para políticas climáticas de los Estados miembros. EFE
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