La organización Mesa de la Ría ha denunciado este domingo el "silencio cómplice" de la Junta de Andalucía sobre el procedimiento de Autorización Ambiental del proyecto de Fertiberia para la restauración de las balsas de fosfoyesos localizadas en la marisma de Huelva.
Todo ello después de que Mesa de la Ría haya recibido una comunicación del Defensor del Pueblo andaluz en la que se indica que la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible "no responde a la petición de información que se le realizó a principios del mes de julio sobre la queja presentada en relación a la falta de participación y las trabas impuestas a los ciudadanos en dicho procedimiento".
Devolución de alegaciones
En un comunicado, la organización ha recordado que, a principios de este año, denunció públicamente que la Delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía devolvía sistemáticamente los escritos de alegaciones que los ciudadanos presentaban contra el proyecto de Fertiberia para los fosfosyesos, pues la Administración andaluza no los reconocía como parte interesada en el procedimiento.
Por este motivo, Mesa de la Ría puso en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, esta situación, al considerar que la Junta de Andalucía estaba “torciendo la Ley” con el objetivo de “justificar lo injustificable”, es decir, "negar que se produzca la necesaria participación ciudadana en un procedimiento que afecta directamente a los derechos fundamentales protegidos en la Constitución, como son los del derecho al disfrute de un medio ambiente adecuado a la protección de la salud".
Mayor vertedero de residuos industriales de España
Según la citada entidad, se estaba sometiendo a evaluación ambiental un proyecto referido al mayor vertedero de residuos industriales de España, que ocupa una superficie de 1.200 hectáreas, en las que se han vertido más de cien millones de toneladas de fosfoyesos, además de residuos industriales de todo tipo, con lo que "resulta más que evidente su afección al medio ambiente y a la salud de la población".
Para Rafael Gavilán, concejal de Mesa de la Ría, “el desprecio de la Junta a los ciudadanos se extiende ahora a las instituciones que velan por la protección de sus derechos, como es el caso del Defensor del Pueblo, ya que al no tener posibilidad de justificar su actitud obstruccionista con los ciudadanos, ha optado por dar la callada por respuesta”.
Mesa de la Ría ha animado a todas aquellas personas que fueron excluidas "injustamente" de este procedimiento a que remitan el pertinente escrito de queja al Defensor del Pueblo andaluz con objeto de que se sume a la denuncia ya interpuesta por Mesa de la Ría ante esta institución. EFEverde
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