La depuración de las aguas residuales en los municipios de Castilla y León emprenderá desde 2023, con el inicio de la próxima legislatura autonómica, su fase final correspondiente al tratamiento en los municipios de menos de 500 habitantes.
El objetivo es el de "cero aguas residuales no depuradas a nuestros ríos", ha manifestado este miércoles a los periodistas el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, después de reunirse con el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.
La estrategia de depuración se encuentra actualmente en los municipios de entre 2.000 y 500 habitantes o su equivalente en función de la proximidad de un polígono o industrias agroalimentarias que, en el caso de la provincia de Valladolid, afecta a 43 municipios con una inversión de 22 millones.
En el conjunto de Castilla y León, este esfuerzo económico es compartido entre el Gobierno autonómico (40 por ciento), Diputaciones (40 por ciento) y Ayuntamientos (20 por ciento), e incluso las dos últimas administraciones pueden aplazar los pagos en diez y veinticinco años respectivamente.
Estas actuaciones demuestran, a juicio del consejero, el compromiso "total y absoluto" de Castilla y León contra el cambio climático, también en la conservación de la calidad del aire que en su opinión "es extraordinaria, sin ningún contaminante primario", debido entre otros factores a la masa forestal que actúa como un "sumidero de CO2", ha matizado.
"Cumpliremos con nuestras obligaciones y superaremos los límites de calidad más rigurosos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alcanzar la excelencia", ha insistido durante una rueda de prensa. EFEverde
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