El objetivo es el de «cero aguas residuales no depuradas a nuestros ríos», ha manifestado este miércoles a los periodistas el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, después de reunirse con el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.
La estrategia de depuración se encuentra actualmente en los municipios de entre 2.000 y 500 habitantes o su equivalente en función de la proximidad de un polígono o industrias agroalimentarias que, en el caso de la provincia de Valladolid, afecta a 43 municipios con una inversión de 22 millones.
En el conjunto de Castilla y León, este esfuerzo económico es compartido entre el Gobierno autonómico (40 por ciento), Diputaciones (40 por ciento) y Ayuntamientos (20 por ciento), e incluso las dos últimas administraciones pueden aplazar los pagos en diez y veinticinco años respectivamente.
Estas actuaciones demuestran, a juicio del consejero, el compromiso «total y absoluto» de Castilla y León contra el cambio climático, también en la conservación de la calidad del aire que en su opinión «es extraordinaria, sin ningún contaminante primario», debido entre otros factores a la masa forestal que actúa como un «sumidero de CO2«, ha matizado.
«Cumpliremos con nuestras obligaciones y superaremos los límites de calidad más rigurosos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alcanzar la excelencia», ha insistido durante una rueda de prensa. EFEverde
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