Madrid.- La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado un entramado criminal que enviaba ilegalmente residuos peligrosos, la mayoría de vehículos o aparatos frigoríficos, a distintos países de África desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife (Canarias).
Las actuaciones se han saldado con 32 personas detenidas que están siendo investigadas junto a cuatro sociedades con domicilios en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Facturas falsas
La operación comenzó después de que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma, y Funcionarios de Vigilancia Aduanera de Santa Cruz de Tenerife detectaran un continuo trasiego de mercancías que viajaban en contenedores por vía marítima entre el puerto de Santa Cruz y varios países africanos.
Los investigados enviaban a estos países residuos de diversa naturaleza y para evitar la inspección de la mercancía o la denegación de la exportación, se servían de facturas falsas.
Entre las mercancías, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, en su mayoría motores o compresores extraídos ilegalmente de aparatos frigoríficos desechados sin la debida descontaminación. La falta de tratamiento adecuado, permite liberar a la atmósfera los gases contenidos en su interior, generando un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, ha subrayado la Guardia Civil.
También había repuestos y piezas de automóviles, igualmente sin la debida descontaminación, y alrededor de 38 toneladas de extintores.
Además, la red enviaba turismos, camionetas y camiones, con documentación falsa para facilitar su exportación como mercancía de segunda mano.
650 toneladas de residuos peligrosos
En total, la organización habría transportado ilegalmente cerca de 650 toneladas de residuos peligrosos, junto con 86 toneladas de residuos no peligrosos, valorados en conjunto en 800.000 euros.
El entramado criminal estaba liderado por cinco personas con roles diferenciados. Dos de ellas, residentes en Gran Canaria, llevaban a cabo la gestión, tanto documental como logística, para exportar los residuos, y las otras tres, residentes en Tenerife, enviaban los residuos directamente o por medio de terceros, y conseguían toda la documentación legal, ilegal o falsificada, necesaria.
Para dar la apariencia de que la mercancía vendida estaba descontaminada, la organización contaba con varios negocios «legales» que realizaban facturas a nombre de terceros, en algunos casos incluso desconocedores de la actividad de esta red criminal.
El delito de traslado ilegal de residuos, introducido en el Código Penal en 2015, está castigado con una pena de tres meses a un año de prisión, o multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a un año. EFEverde
atm
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