Las organizaciones ecologistas SEO/Birdlife, Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción han exigido este jueves la ejecución de la sentencia que ordena la demolición del complejo "Marina Isla de Valdecañas" porque a la Junta de Extremadura "no le queda más que cumplir la ley", y hacerlo es "más barato de lo que se dice".
En todos estos argumentos han coincidido responsables nacionales de SEO/Birdlife, Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, que han comparecido en rueda de prensa en Mérida para mostrar también su apoyo a la "lucha" que esta última organización en Extremadura y Adenex llevan protagonizando desde hace una década.
Una lucha que han desarrollado soportando "un coste humano tremendo" frente a una Administración que se ha puesto "de perfil" al defender el interés de un promotor privado y un proyecto "claramente ilegal", ha lamentado Paco Segura, coordinador estatal de Ecologistas en Acción.
"A estas alturas del proceso judicial ya no hay ningún pretexto ni posible dilación para cumplir la ley y las sentencias", coinciden todas las organizaciones, una vez que el Tribunal Constitucional (TC) declaró parcialmente inconstitucional, el pasado noviembre, la reforma legal que amparó este complejo turístico.
"Pocos casos en España son tan claros como el Agarrobico extremeño", ha añadido el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, en lo que también ha coincidido el director de Greenpeace, Mario Rodríguez, al aseverar que cuando existe una sucesión de sentencias favorables a las organizaciones ecologistas, "al poder ejecutivo lo le queda más que cumplir la ley".
Rodríguez ha acusado además a la Junta de "dilatar los procesos hasta el infinito" y buscar "argucias" pese a que "todo está clarísimo".
Se ha pronunciado así a preguntas de los medios sobre que el hecho de que la Junta extremeña habría solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que, antes de dictar sentencia sobre el derribo, eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar que el TC no ha interpretado correctamente directivas europeas de rango superior.
"Puede hacer las cuestiones prejudiciales que quiera, pero el final será el mismo", ha subrayado Rodríguez, que también ha coincidido con sus compañeros de mesa en exigir responsabilidades políticas por este caso porque "alguien dio permiso a esto sabiendo que era ilegal".
Sobre el coste de la demolición, Paco Segura ha precisado que "ni por asomo" son los 34 millones de euros que en su día apuntó la Junta, una valoración "disparatada" porque, según ha explicado, con actuaciones "sencillas" y con "sensatez" se puede ajustar su coste económico.
A este respecto, el director de Greenpeace ha indicado que "hay capacidad técnica" para hacerlo, es "más barato de lo que se dice" y existe la posibilidad de que Estado y Junta puedan compartir los gastos de restauración.
La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, por su parte, ha ensalzado la "valentía" de las dos organizaciones extremeñas y ha señalado que las políticas verdes y sociales empiezan cumpliendo la ley, pues "no vale hacer trampas".
Ha advertido de que cuanto más se dilate el proceso de demolición más "contraproducente" será para los valores naturales de la zona, y ha añadido: "La inversión de los sistemas naturales no debe verse como un gasto, sino como una inversión".
Asimismo, ha advertido de que "puede llegar el momento de las multas" a la Administración, lo cual sería "mucho más caro" que la ejecución de la sentencia.
La coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, ha pedido además un ejercicio de coherencia en unos tiempos en los que las administraciones hablan de emergencia climática, y poner fin al "falso dilema" entre empleo y medio ambiente porque modelos como éste, "enfocado a una élite", no generan riqueza.
En esta línea, Juan Carlos del Olmo ha señalado que este proyecto responde a la época del "pelotazo", que ya ha terminado. EFEverde
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