Madrid.- El Estado español invierte cuatro veces más en destruir la naturaleza que en cuidarla, según un informe de Ecologistas en Acción publicado este martes, que desvela que «las administraciones públicas concedieron 8.000 millones de euros en 2024 a actividades y empresas relacionadas directamente con la pérdida de biodiversidad».
La cifra total es aún más alta, ya que estos números no incluyen otros sectores de gran impacto ambiental como el transporte y la energía, según el informe de Ecologistas en Acción, realizado en colaboración con Economistas sin Fronteras.
«El presupuesto público anual para la conservación y restauración de la naturaleza sumando Presupuestos Generales del Estado y fondos europeos, es de 2.000 millones de euros», cuatro veces inferior al anterior, añade la organización.
La publicación evidencia «una incoherencia fiscal» tras identificar los incentivos «perjudiciales» para la biodiversidad en el Estado dentro del sector primario como parte de la campaña «Sin Biodiversidad No hay Vida».
La investigación, que ha durado un año, indaga en datos oficiales de las cuentas nacionales y autonómicas para analizar las políticas fiscales de las que se benefician los sectores agrario, pesquero y forestal y su impacto en los ecosistemas y la extinción de especies.
El informe revela que el 85% de las subvenciones más problemáticas son ayudas directas, la mayoría proveniente de fondos europeos para el sector agrario y forestal (PAC) y pesquero (FEMPA).
También se señalan fondos Next Generation relacionados con la intensificación de regadíos y la bioenergía a partir de quema de biomasa forestal.
El análisis también incluye exenciones fiscales «poniendo en la diana aquellas que benefician a plaguicidas y fertilizantes o al combustible para la pesca profesional».
Las subvenciones públicas son necesarias para apoyar al sector primario pero el sistema actual «beneficia a grandes empresas y «lobbies», en lugar de mejorar la situación de productores con niveles más bajos de renta, que a su vez son quienes más riqueza dejan en las comunidades, según el informe.
Alinear el sistema de ayudas públicas con la conservación y restauración de la naturaleza «es una oportunidad para avanzar hacia políticas fiscales que protejan la biodiversidad y la economía rural y costera más vulnerable», declara Ecologistas en Acción.
Añade que el Estado español no solo incumple compromisos internacionales, también perjudica su propio patrimonio natural -suelo, agua, bosques, mares y especies– al financiar actividades que aceleran su deterioro. EFEverde
aqr/cc
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