Plasencia (Cáceres).- La organización Ecologistas en Acción ha afirmado que la suspensión cautelar de la demolición del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) «posiciona al Tribunal Constitucional (TC) contra el medio ambiente, la ética y el sentido común».
«El Tribunal Constitucional no solo demuestra así que no entiende la realidad territorial, sino que no le importa el tremendo impacto sobre el medio ambiente del proyecto ni el precedente tan peligroso que sientan», ha señalado el colectivo ecologista en una nota de prensa.
Asimismo, ha recordado que la urbanización de Valdecañas, que lleva más de dieciséis años inmersa en procesos judiciales de la mano de los abogados de Ecologistas en Acción, había sido emplazada para su derribo en una sentencia «histórica» del Tribunal Supremo de febrero de 2022.
«El derribo se había acordado en tribunales tras un demoledor informe de la Estación Biológica de Doñana, un órgano dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que se aconsejaba esa actuación, para la mejor protección posible del entorno», ha recordado.
También ha citado que otros de los factores clave en la decisión fueron la pertenencia de la zona a la Red Natura 2000, así como la proximidad relevante de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Ecologistas en Acción considera «tremendamente frustrante lo sencillo que resulta para los promotores, y una administración autonómica empeñada en ignorar su propia normativa, paralizar la ejecución de una sentencia que no les resulta favorable».
La organización ecologista ha destacado que cuando se solicitó la paralización de la obras de Valdecañas -la ejecución de una sentencia de 2011 que ya había sido ganada por los colectivos ecologistas-, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura exigió una fianza de 41 millones de euros «por la posible pérdida patrimonial que supondría parar las obras para la constructora».
«Cabe preguntarse si en esta ocasión, en la que lo que está en juego es el bienestar del medio, del planeta y de las generaciones presentes y futuras que habitan la zona, en vez de un mero perjuicio económico, se ha exigido una caución a la constructora por el indudable daño que supondrá la paralización del derribo», ha agregado.
De igual forma, Nino Trillo-Figueroa, abogado de Ecologistas en Acción, ha declarado que «es preocupante que, después de 16 años de procedimiento y varias sentencias que declaran la ilegalidad de la urbanización dentro de un espacio protegido de la Red Natura, se suspenda la ejecución de estas sentencias, contradiciendo la propia doctrina del Tribunal Constitucional para este caso».
«Valdecañas es uno de los casos más rotundos y claros de vulneración de la normativa ambiental en el Estado español, con leyes hechas a la carta a posteriori para tratar de sortear las sentencias judiciales y los incumplimientos de la legalidad. Sería un nefasto precedente que se tolerara esta política tan burda de hechos consumados», ha agregado. EFEverde
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