Guayaquil.- El Gobierno ecuatoriano ha suspendido toda actividad minera en la provincia amazónica de Napo y también en las plantas de beneficio de El Oro y Loja, fronterizas con Perú, debido a la contaminación de ecosistemas sensibles y fuentes hídricas provocada por actividades ilegales, ha informado el Ministerio de Ambiente y Energía.
La medida se toma tras constatarse la presencia de «metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles» en los ríos Calera y Amarillo, pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes (sur), así como contaminación en la cuenca del río Napo.
«La minería ilegal es una amenaza directa contra nuestros ríos, nuestros bosques y la vida de las comunidades amazónicas. No vamos a permitir que actividades clandestinas sigan destruyendo el patrimonio natural en la Amazonía y el sur del país», afirmó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
Largo plazo
En el caso de Napo, la ministra indicó que buscan también «establecer un orden en la pequeña minería y sus contratos de operación», por lo que la suspensión estará vigente hasta que «se arreglen los temas mineros documentales» y se realice una reparación y restauración del río Napo. «Con esto quiero decir que van a ser muchos años, indefinidamente», ha augurado la responsable ambiental.
Mientras que en el caso de las plantas de beneficio, que procesan los minerales provenientes de las minas, Manzano señaló que la suspensión se da en algunos casos en forma de prevención y en otros porque han detectado presuntas irregularidades en las descargas.
El ministerio dispuso el inicio inmediato de controles, inspecciones, monitoreos de la calidad de agua y procedimientos administrativos sancionatorios en las tres provincias, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de Regulación y Control del Agua y con el respaldo de las fuerzas de seguridad.
Evitar nuevos daños
«Acciones que buscan interceptar la minería ilegal, suspender operaciones irregulares, decomisar maquinaria y material mineralizado, y evitar nuevos daños ambientales en las zonas identificadas», añadió la cartera de Estado.
La ministra Manzano enfatizó que el objetivo de esta medida no es solo detener las actividades ilegales, sino recuperar los ecosistemas afectados y garantizar el acceso al agua limpia para las comunidades.
La Cámara de Minería aseguró que no hay empresas afiliadas a su gremio en Napo, y que veían con «buenos ojos» todas las actividades que «estén enfocadas en la lucha contra la extracción ilícita de minerales», ya que generan «graves impactos ambientales, sociales y de seguridad».
Ecuador ha intensificado los operativos contra la minería ilegal en el último año, especialmente después de que once soldados fueran asesinados el pasado 9 de mayo en una emboscada mientras realizaban un operativo en la Amazonía, un ataque atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De acuerdo a las autoridades, grupos como los Comandos de la Frontera se han aliado con organizaciones criminales ecuatorianas como Los Lobos, la más grande y violenta del país, para explotar varios enclaves de minería ilegal. EFE
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