El ministro Miguel Arias Cañete ha asegurado hoy que el compromiso del Estado es “firme” en relación a compartir los gastos de demolición del hotel del Algarrobico, pero ha señalado que la “maraña” de recursos hacen “muy difícil” saber en qué momento la Junta de Andalucía puede pedir dicha demolición.
“En este momento hay una maraña de recursos que hacen muy difícil saber cómo hay que ejecutar la sentencia y en qué momento la administración autonómica puede pedir la demolición”, ha declarado a los medios el titular del Departamento de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al ser preguntado sobre la reciente sentencia del TSJA.
En esta sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictaminado que el suelo donde se asienta el hotel del Algarrobico, en Carboneras (Almería), es urbanizable.
Según Cañete, la sentencia resuelve un procedimiento en el que no fue parte la Administración General del Estado, porque ahí lo que se impugnaban eran normas autonómicas de algunos aspectos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales y del Plan de Ordenación de Usos y Gestión del Parque Natural de Cabo de Gata de 1998.
La Sentencia
A su juicio, el fallo de la sentencia lo que declara es la nulidad de pleno derecho de la zonificación que hacen estos instrumentos sobre determinadas zonas, que afectaban al Algarrobico.
Además y según el ministro, la sentencia reconoce el derecho a que esas zonas se clasificasen en las llamadas zonas c, reservadas a suelos urbanos urbanizables cuyo desarrollo se considera posible siempre que se determine la no afección de los hábitat naturales y de las especies que motivaron su inclusión en la Red Natura 2000.
Por lo tanto, ha indicado, es una sentencia que se refiere a cuestiones de competencia autonómica de ordenación del territorio y de recursos naturales, y no se refiere al dominio público marítimo terrestre que es en lo que el Gobierno central tiene la responsabilidad de proteger.
Compromiso firme
“En todo caso, yo lo que puedo decir es que el compromiso del Estado es firme y si la administración autonómica, en el momento en el que procesalmente pueda acordar la demolición en Algarrobico, el Gobierno participará cofinanciando los gastos que comporte esa demolición”.
“Pero no es el Gobierno de la nación quien puede determinar cuándo hay que ejecutar la sentencia y en qué términos, sino que será la Junta de Andalucía, cuando considere que se han agotado todos los trámites legales y que es procedente realizar la demolición, la que le dirá al Gobierno vamos a demoler”
Cañete ha recordado por último que la reciente reforma de la Ley de Costas evitará situaciones como las actuales al haber establecido que el Gobierno puede impedir el inicio de cualquier construcción aprobada por las autoridades locales si se infringe algún artículo de la citada normativa.EFE
