El Gobierno ha aprobado la modificación del real decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) con el objetivo de acabar con aquellas que han sido implantadas pero que, por diferentes causas, no están funcionando de manera efectiva para mejorar la calidad del aire y contribuir a la mitigación del cambio climático por deficiencias en su diseño.
La Ley de Cambio Climático, aprobada en mayo de 2021, estableció que las ciudades de más de 50.000 habitantes (hay 153 en España) y aquellas de más de 20.000 que superen determinados valores de contaminación, debían contar, antes de finales de 2023, con áreas delimitadas en las que se restringe el acceso a los vehículos más contaminantes y emisores o ZBE.
En diciembre de 2022, el Ejecutivo dio luz verde al real decreto que establecía los requisitos mínimos que debían cumplir dichas zonas con el objetivo de impulsar la reducción de la contaminación atmosférica y de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo con ello a mejorar la calidad del aire y a mitigar el calentamiento global.
Sin multas, suspendidas, sin restricciones…
Sin embargo, según el Ministerio para la Transición Ecológica, las deficiencias detectadas en los primeros años de aplicación de la norma ponen de manifiesto la necesidad de reforzar los requisitos para evitar que la declaración de una ZBE se reduzca a ser una mera delimitación territorial sin medidas efectivas.
Entre las deficiencias identificadas figuran moratorias excesivamente prolongadas en la aplicación del régimen sancionador, zonas sin restricciones de acceso en función del potencial contaminante de los vehículos o ámbitos territoriales insuficientes que coinciden con espacios que ya contaban previamente con limitaciones al tráfico.
Según el portal Altas ZBE, en España hay declaradas 121 zonas de bajas emisiones en 99 municipios. En 65 se imponen sanciones, mientras que en 16 sólo se producen avisos sin multa, 7 están aprobadas pero sin aplicar, 18 sólo se activan durante episodios de contaminación, 6 están suspendidas y 2 no plantean restricciones. Otros 56 municipios están aún preparando sus ZBE.
Entre las zonas en las que no se multa figuran las de Cádiz, Burgos, Cuenca, Parla o Vigo, mientras entre las que están aprobadas pero sin aplicar aparecen Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, Alcobendas, Tres Cantos, Torrevieja y Mérida.
Están suspendidas zonas de bajas emisiones de Málaga, Ávila, Segovia, Guadalajara, Badalona y Badajoz.
Qué cambia
Con la modificación aprobada este martes por el Consejo de Ministros, las entidades locales obligadas a establecer zonas de bajas emisiones deberán acreditar documentalmente el cumplimiento efectivo de los requisitos establecidos.
Para ello, tendrán que remitir a Ministerio y comunidades autónomas documentación de la efectiva entrada en vigor del régimen de prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos según el potencial contaminante de los mismos, así como de la efectiva aplicación del sistema de control de accesos, monitorización y seguimiento.
Asimismo, la modificación obliga a documentar la efectiva aplicación del régimen sancionador y excluye cualquier sistema transitorio de avisos que pudiera haberse cotenmplado previamente, según el texto del real decreto al que ha tenido acceso EFE Verde.
Con caracter general, infringir las ZBE está tipificado como una falta grave. Según la Ley de Tráfico, estas infracciones están penadas con multa de 200 euros y no conllevan la pérdida de puntos.
El objetivo de las modificaciones aprobadas es garantizar que las restricciones establecidas cuentan con mecanismos reales de cumplimiento y que su eficacia puede ser evaluada.
En tanto no se reciba la documentación, no se considerará correctamente implantada la ZBE, añade el texto.
Financiación en juego
La reforma también busca proporcionar una mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias en materia de tráfico y movilidad.
La acreditación del cumplimiento permitirá, además, comprobar la eficacia de las zonas de bajas emisiones y podrá servir de referencia para los instrumentos de financiación destinados a impulsar la transformación digital y sostenible del transporte urbano.
Desde el Ministerio han recordado que las ZBE constituyen una de las principales herramientas para avanzar hacia modelos de movilidad más sostenibles, reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la salud pública y la calidad de vida en las ciudades.
Su adecuada implantación, según la misma fuente, contribuye también a fomentar los desplazamientos activos, recuperar espacio público y racionalizar el uso del vehículo privado. EFE Verde
atm
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