La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decido plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de inconstitucionalidad contra las disposiciones de la Ley de Desperdicio Alimentario que conllevaron la desprotección del lobo en España.
Entre los principios y derechos que podrían vulnerar estas disposiciones, figuran el de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o los derechos de participación pública y de acceso a la justicia en materia medioambiental, según el auto del alto tribunal al que ha tenido acceso EFE Verde.
Suspende el procedimiento
La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, Ecologistas en Acción de Galicia y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico solicitaron al TSXG que elevara la cuestión ante el Constitucional en el marco del procedimiento judicial abierto después de que presentaran un recurso contra la resolución de la Xunta de Galicia que autorizaba el control letal del lobo ibérico durante la temporada de caza 2025/2026.
En el citado auto, el TSXG también suspende provisionalmente las actuaciones del procedimiento contencioso-administrativo hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad.
Según recoge el escrito, el Ministerio Fiscal informó favorablemente al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
Además de impugnar la medida autómica por vicios formales y materiales, las organizaciones conservacionistas solicitaron al TSXG que planteara una cuestión de inconstitucionalidad contra tres preceptos clave de la Ley de Desperdicio Alimentario, en cuya tramitación parlamentaria se introdujeron enmiendas para desproteger al lobo y, con ello, facilitar su caza para controlar poblaciones.
El objetivo
Su objetivo, que el Constitucional resuelva si la ley que tiene que aplicar el tribunal gallego en el marco del procedimiento judicial es constitucional o no.
Según los representantes legales de los denunciantes, al elevar la cuestión al TC, cualquier orden de vedas posterior no puede incluir la caza del lobo hasta que el Constitucional resuelva las dudas que existe sobre la constitucionalidad de la ley que, ha recordado, ha sido recurrida ante el Constitucional por el Defensor del Pueblo.
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Paso obligado
«Plantear esta cuestión de inconstitucionalidad era un paso obligado. No se puede permitir que, mediante enmiendas arbitrarias en una ley sobre desperdicio alimentario, se desproteja una especie clave para nuestros ecosistemas. Es un ataque frontal al Estado de Derecho y a la normativa sobre biodiversidad», según el abogado Jaime Doreste.
Las enmiendas, promovidas por el PP y apoyadas por VOX, Junts y PNV, implicaron la salida del lobo, en abril del año pasado, del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), donde había sido introducido en 2021 debido a su mal estado de conservación.
En su auto, el TSXG considera que al modificar la protección del lobo mediante enmiendas en una ley destinada a prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario «no se detecta una relación suficiente entre el objeto de la ley y la regulación del lobo·, lo que plantea dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de homogeneidad y congruencia exigidos en el procedimiento legislativo.
Sin informes científicos
“No se discute que, desde la perspectiva formal de la jerarquía normativa, una norma de rango de ley aprobada por las Cortes Generales tiene rango suficiente para aprobar una modificación del LESPRE”, según el auto, en el que se advierte que al recurrir a esta vía se ha prescindido de los trámites administrativos reglados e informes técnicos preceptivos previstos en la regulación del procedimiento administrativo de modificación del LESPRE.
Además, se ha dejado a la especie de proteccion «sin una específica referencia motivada» . Estas circunstancias, según los magistrados, “impiden a priori valorar cuáles son las concretas razones que avalarían que se haya prescindido del trámite legal y reglamentariamente dispuesto para abordar ese tipo de modificaciones del LESPRE, que incorpora trámites administrativos e informes técnicos específicos para garantizar que su modificación venga avalada por la mejor información científica disponible”.
“En suma, con la modificación del LESPRE cuestionada, el legislador ha asumido mediante una ley funciones que corresponden a la Administración General del Estado”, añade el auto, que recoge que “existen dudas de la legitimidad constitucional de esa decisión”, ha destacado en una nota el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Principio de no regresión ambiental
En relación a su posible impacto sobre la tutela judicial efectiva, al haber usado la Ley de Desperdicio Alimentario para desproteger al lobo “no solo se obvia la competencia y procedimiento administrativos establecidos por la normativa con carácter general como cauce para las modificaciones del LESPRE, sino que ello repercute en las posibilidades de impugnación de asociaciones de defensa del medio ambiente que quieran cuestionar esa rebaja en el nivel de protección de la especie.
El auto hace referencia también a una posible vulneración del principio de no regresión ambiental, pues indica que la rebaja del nivel de protección del lobo podría suponer una regresión en la protección ambiental sin una motivación suficiente ni una ponderación acreditada de los datos científicos disponibles, ha apuntado el CGPJ. EFE Verde
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