Madrid-. A mediados del siglo XX, el Vivero de La Manga del Mar Menor era una bahía natural y un pulmón de biodiversidad. Hoy es un terreno degradado, abandonado y, según denuncian expertos y plataformas ciudadanas, altamente tóxico.
En una entrevista con EFE Verde, el portavoz de la plataforma Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán, y el químico José Benedicto, denuncian el «abandono absoluto» de un terreno que, según afirman, fue rellenado ilegalmente en el pasado con residuos mineros cargados de metales pesados como plomo, zinc, cadmio y arsénico.
Ahora la zona se encuentra en el centro de una batalla legal y medioambiental que enfrenta la salud pública con intereses urbanísticos de décadas.
Un «trueque» en plena dictadura
El origen del problema se remonta a 1969. José Benedicto afirma que en «plena época franquista» se autorizó el relleno de una bahía de dominio público marítimo-terrestre que servía de criadero natural para especies como la dorada o el mújol.
Según explica Pagán, este cambio se realizó mediante un «trueque» con la empresa Urmenor, de la familia Maestre: a cambio de ceder concesiones pesqueras, se les permitió rellenar la bahía y quedarse con la propiedad del suelo resultante.
«Visto desde ahora, parece una aberración total», señala el portavoz. «Se ganaron 300.000 metros cuadrados al mar para sacar el mayor rendimiento urbanístico, sin tener en cuenta ningún valor ecológico», protesta.
La amenaza invisible: arsénico y meteorización
El riesgo no es solo paisajístico. José Benedicto, químico y conocedor de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, advierte que el material utilizado para el relleno fue escombro residual de las minas.
«Esos terrenos están rellenos de sulfuros metálicos muy por encima de los niveles máximos para uso urbanizable», afirma.
Aunque estos metales no son tóxicos por simple contacto al ser insolubles, el peligro surge con la meteorización.
«Al entrar en contacto con el agua y el oxígeno, los sulfuros se transforman en sulfatos solubles y forman ácido sulfúrico», explican los químicos.
Este proceso libera iones metálicos que afloran a la superficie en forma de «eflorescencias» amarillas y blancas.
«Cuando el viento seca estas manchas, se convierten en polvo tóxico que las personas y animales que transitan la zona pueden respirar o ingerir», advierten.
Benedicto destaca especialmente la presencia de arsénico, un veneno natural abundante en la zona, que se manifiesta en los tonos anaranjados del suelo.
Un limbo legal de 54 millones de euros
Pese a estar incluida en la Red Natura 2000 y protegida por el convenio internacional RAMSAR , la zona sufre un «abandono absoluto», según los expertos.
El Ayuntamiento de Cartagena paralizó el pasado febrero la urbanización de forma cautelar, lo que ha provocado que la Justicia lo condene a indemnizar con 54 millones de euros a los promotores del proyecto urbanístico.
Esta paralización ha sido recurrida por los propietarios, por lo que queda pendiente un nuevo juicio sobre el proyecto.
Desde Pacto por el Mar Menor confían en que el proceso no prospere y que se evite la construcción de nuevas viviendas en uno de los pocos espacios que quedan sin urbanizar en La Manga. Además, denuncian la «inacción» de la Comunidad Autónoma, que no ha desarrollado el Plan de Ordenación del Territorio exigido por la Ley de Protección del Mar Menor de 2020, cuyo plazo expiró hace tres años.
Recuperar el «pulmón verde»
La propuesta de los expertos es clara: declarar el suelo oficialmente como contaminado, exigir su descontaminación y devolver el terreno al dominio público. «Lo razonable sería crear una zona verde o forestal que sirva de pulmón para una Manga ya rellena de cemento», aseguran.
Además, alertan de que la contaminación afecta a las colindantes Salinas de Marchamalo.
El canal de entrada de agua que alimenta las salinas atraviesa estos terrenos contaminados, arrastrando metales pesados hacia un humedal de altísima importancia ecológica.
«Es un territorio sin ley», concluye Benedicto. «No se puede permitir que un terreno robado al mar, rellenado con residuos tóxicos, acabe siendo el jardín de nuevas viviendas sin haber pasado un mínimo control de salud pública». EFEverde
lsg
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