Madrid.- Unas 1.300 empresas emergentes ya se han registrado en Enisa para lograr su certificación oficial como “startup” dentro del proceso abierto tras la entrada en vigor, este enero, de la Ley de Fomento del Ecosistema de estas compañías, según explicó este jueves José Bayón, consejero delegado de la empresa pública de innovación dependiente del Ministerio de Industria.
En el evento “Ley de Startups. Certificación y puesta en marcha”, organizado por Pons IP e Innovaspain , José Bayón explicó que, tras la audiencia pública del 3 al 14 de febrero, se está ultimando la orden interministerial que permite a Enisa desarrollar todos los procedimientos que realizará según esta norma y adelantó que el “pre-registro” del proceso de acreditación ya cuenta con “unas 1.300”.
“De las aproximadamente 14.000 startups que existen en España, esperamos que este año se inscriban para la certificación entre 5.000 y 7.000”, apuntó, ya que, después de que “pase por Hacienda y el Consejo de Estado” la orden ministerial supondrá que “previsiblemente el próximo mes” Enisa ya esté “certificando”, lo que permitirá a estas empresas acogerse a las ayudas fiscales, medidas impulsadoras del ecosistema y flexibilización de trámites administrativos incluidos en la ley.
Bayón valoró el amplio consenso logrado en su tramitación parlamentaria y la colaboración entre las asociaciones de estas empresas y el Ejecutivo para dar luz a la Ley de Startups, “uno de los grandes compromisos de la legislatura y en la que se han involucrado doce ministerios”.
Esta norma se enmarca en reformas para mejorar el ecosistema y el escenario económico con la Ley Crea y Crece, para constitución de empresas, y la actualización de la Ley Concursal para potencial la innovación y la ciencia y retener talento dentro del plan de digitalización español, agregó.
Con esta regulación “pionera en Europa”, al ser el primer país que dispone de una ley específica para startups, “se manda un mensaje de seguridad jurídica y de la capacidad de inventar de España” y, además, se fortifica la estrategia de desarrollar conectadas “la educación, la ciencia y la industria” gracias a iniciativas como una ley de Ciencia que actualiza el sistema de investigación a las nuevas realidades, reteniendo talento y mejorando la transferencia de conocimiento, añadió.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Startups, Carlos Mateo, reconoció la dificultad de legislar definiendo lo que es, y no es, una startup y subrayó la importancia de que se valore que sean proyectos independientes; con un alto grado de innovación (sin acotarse a ningún sector); y con un alto potencial de crecimiento, por lo que consideró que “es un gran acierto” que sea Enisa quien analice las acreditaciones.
Mateo también repasó algunas de las mejoras que pueden ser aportadas a la norma, como los años de vida de la empresa para que se la considere startup (cinco en general y siete en biotecnología y otros campos determinados) o los requisitos de un número mínimo de empleados nacionales, pero enfatizó lo beneficioso de las medidas que incluye “esta acertada ley” y de iniciativas como “las startups universitarias” en un momento en el que llega mucha financiación desde Europa con los NextGeneration y es más necesaria que nunca la colaboración público-privada.
La directora general de PONS IP, Nuria Marcos, consideró que la ley permite asentar unas fuertes bases a la hora de consolidar un proyecto empresarial y recordó la importancia de la propiedad industrial y las patentes para “retener el talento” en un escenario en el que las patentes chinas acaparan las nuevas en tecnología y es muy necesario blindar los proyectos.
Iñigo Laucirica, gestor de inversiones en el fondo europeo de capital riesgo (venture capital) especializado en estas empresas Samaipata, añadió que esta ley impulsa la “escalabilidad” de las startups españolas e iguala a nivel europeo muchas de las ventajas de inversión para fondos, a la vez que señaló que el nivel de inversión en las tecnológicas europeas sigue siendo muy fuerte. EFEciencia
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