Madrid, 12 feb (EFE).- Queda apenas medio año para que sea obligatorio aplicar el reglamento de envases y residuos de envases (PPWR, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea (UE), al que Bruselas dio luz verde a principios de 2025 con el objetivo de hacer el sistema más sostenible e intentar reducir los 180 kilos por persona que se generan al año de media en los países comunitarios.
En este contexto, España trabaja en sacar adelante una transposición del reglamento que se base «en la confianza» y en la que todos los actores queden «razonablemente insatisfechos» porque eso significaría que todos han cedido, según ha explicado este jueves el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en un evento sobre economía circular de los envases.
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En el acto, organizado por la Conferencia Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), han participado unos 400 representantes de toda la cadena de valor del envase, que han pedido al Ejecutivo evitar «un limbo normativo» y alinear plenamente el real decreto español en vigor con el reglamento europeo.
Según el presidente de la Comisión Economía Circular de CEOE, Mauricio García de Quevedo, son necesarias «reglas claras, realistas y aplicables» que acaben con la «incertidumbre regulatoria con la mayor brevedad posible» y mantengan «la competitividad del tejido productivo».
«Las empresas españolas queremos ser parte activa de la solución, invertir, innovar y avanzar hacia la economía circular; pero para ello necesitan un marco estable, coherente y previsible que permita planificar, competir y seguir generando actividad económica y empleo»; ha afirmado.
Claridad y simplificación
La OCDE considera que las empresas necesitan claridad sobre qué obligaciones nacionales siguen vigentes hasta la plena aplicación del reglamento y ha pedido poner en marcha una moratoria de aquellas que divergen con el marco comunitario, al tiempo que se refuerza la gobernanza del sistema mediante la simplificación y armonización de las obligaciones.
Con respecto al etiquetado, han solicitado derogar el mercado nacional de contenedor/color y adoptar el del reglamento europeo, al tiempo que se permite y fomente el etiquetado digital.
También han pedido evitar imponer la reutilización como única solución, que el objetivo de que los envases deban ser reciclables a escala en 2035 se base «en criterios técnicos realistas» o que los sistemas de devolución y retorno (SDDR) se alineen con el de la UE.
El consumidor, en el centro
En la apertura del acto, el secretario de Estado del Medio Ambiente ha puesto el foco en los consumidores, al asegurar que la transposición del reglamento europeo debe facilitarle la vida al ciudadano, ya que va a ser él quien haga viable la aplicación efectiva de la norma.
«Si ponemos en marcha una mecánica de obligaciones que supere la aceptación de cada domicilio, nos podemos encontrar como mínimo con reticencias a asumir esa corresponsabilidad y, en el peor de los casos, que rechacen participar en ella», ha asegurado.
Además, ha explicado que una parte importante «del suspenso que España viene manteniendo curso tras curso en los objetivos» en materia de residuos es la incapacidad de incluir «al ciudadano en la toma de decisiones y en el ámbito de responsabilidad».
Con respecto a las cargas, ha recordado que al final recaen sobre el conjunto de los ciudadanos y ha pedido desplazar el debate hacia cómo se atribuyen los costes para que quien contamine pague y quien actúe correctamente «se vea premiado en su compromiso de gestión colectiva».
En este sentido, ha puesto como ejemplo la tasa de residuos, que la pagan los ciudadanos, por lo que ellos «tienen derecho» a que la amputación del coste sea «transparente y objetiva y que cada cual pague por lo que se consume».
También ha pedido que la transposición de la norma se base en la confianza, ya que España no puede permitirse el lujo «de arrancar con análisis diferentes de una misma realidad», porque eso, en último término, provoca que la aplicación de la norma genere reticencias. EFEverde
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