El Congreso aprueba la reforma que “indulta” a algunas especies invasoras

Especies invasoras

Así, con el nuevo texto, algunas especies, como el lucio, la carpa, la trucha arco iris, el cangrejo rojo o la cabra arruí, todas ellas catalogadas como “invasoras”, podrán beneficiarse de algunas excepciones debido al interés que tienen desde el punto de vista cinegético o piscícola.

La Cámara baja ha votado hoy a favor de las enmiendas, en su mayor parte de carácter técnico, que se han incorporado en el Senado a esta proposición de Ley.

Han votado a favor del texto los diputados del PP, Ciudadanos, el PDCat, el PNV y Foro Asturias, cuyos portavoces han coincidido al destacar los beneficios económicos, sociales y culturales de muchas de las especies consideradas “exóticas” en muchas zonas rurales desde hace décadas y el elevado número de empleos y rentas ligados a ellas.

Ley de Biodiversidad

[box type=”shadow” ]Contra la reforma de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad han votado PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromis, que han denunciado ante el pleno que se primen los intereses económicos de algunos sectores privados en detrimento del patrimonio natural, y han recordado que la invasión de especies exóticas es la segunda causa de la destrucción de la biodiversidad en el mundo.[/box]

El anterior Gobierno impulsó esta reforma con la intención de hacer compatible la protección del medio ambiente y la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola.

Para ello, el anterior Ejecutivo planteó -y así queda contemplado en el texto reformado- compatibilizar la lucha contra las especies exóticas invasoras con el aprovechamiento de algunas para la caza y la pesca en zonas que, al estar ocupadas por esas especies desde hace muchos años, su presencia no suponga un problema ambiental.

A favor de esta reforma, la diputada Teresa de Lara (PP) ha advertido de los efectos negativos que en muchas zonas rurales tendría restringir la caza o pesca de algunas especies y la nula incidencia ambiental de éstas, y ha defendido que la sostenibilidad sobre la que tiene que sustentar el desarrollo tiene que atender criterios ambientales, pero también económicos y sociales.

El diputado Miguel Ángel Garaulet (Ciudadanos) ha señalado que la reforma palía la descoordinación entre administraciones y la inseguridad jurídica que a su juicio existía en el sector cinegético, y ha incidido en la importante repercusión social, económica y laboral que algunas de esas especies tienen en el entorno rural.

Antoni Postius (PDCat) ha señalado que la reforma respeta las competencias de las comunidades autónomas para regular esta materia; Joseba Agirretxea (PNV) se ha mostrado convencido de que la reforma “mejora la ley original”; e Isidro Martínez (Foro Asturias) ha opinado que el nuevo texto da más seguridad jurídica a cazadores y pescadores y evita “la ruina” de muchos pueblos españoles.

El portavoz socialista Gonzalo Palacín ha asegurado que la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (2007) ya preveía mecanismos de gestión para determinadas especies invasoras y ha criticado que la reforma promovida por el anterior Gobierno “abre la puerta” a la entrada de especies invasoras con el consiguiente riesgo para las especies autóctonas y para los ecosistemas.

Juan López de Uralde (Unidos Podemos) ha asegurado que éste es el culmen de la “contra-reforma” medioambiental del PP y ha criticado que se primen intereses económicos y privados “a corto plazo” frente a la protección del patrimonio natural.

En el mismo sentido, Francesc Eritja ha observado que ésta era “la última gran ley medioambiental que faltaba por desmantelar”, y ha denunciado que se introduzcan cambios en el texto legislativo para satisfacer a cazadores y pescadores.

Enric Bataller (Compromis) ha recordado que la ley de 2007 fue “un hito” en la protección y conservación de la biodiversidad y ahora ha quedado “desnaturalizada” y no será útil para proteger el medio natural.

Ecologistas

Las cinco principales organizaciones ecologistas pedirán al Gobierno que recurra ante el Tribunal Constitucional la reforma “irresponsable” de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que hoy ha recibido el visto bueno definitivo en el Congreso de los Diputados.

[box type=”shadow” ]Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España consideran que la modificación de la norma, que supone el “indulto” a algunas especies exóticas por su interés para la caza y la pesca, “supone un gravísimo retroceso”, al generar un marco normativo “confuso y nada garantista” para la conservación de la naturaleza.[/box]

En su opinión, la reforma propuesta por el Grupo Popular cuando aún estaba en el Gobierno “ha tenido como principal objetivo legalizar la liberación de especies exóticas invasoras con fines cinegéticos pese al gravísimo impacto ambiental, social y económico que generan”.

En un comunicado, las cinco grandes ONG ambientalistas aseguran que la modificación de la norma “marca un hito en la desprotección de la biodiversidad en España” e incumple la sentencia del Supremo que dictaminó en 2016 que las especies excluidas del catálogo de invasoras debían volver a la lista con la consiguiente prohibición de su comercialización o suelta en el medio natural.

[box type=”shadow” ]Los ecologistas añaden que la reforma aprobada hoy incumple los acuerdos internacionales de la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Estrategia Europea de Biodiversidad -que establecen la necesidad de frenar la introducción de especies invasoras- y la propia Constitución Española.[/box]

Consideran que PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT -grupos que han respaldado la reforma- “han dado la espalda” al amplio consenso científico en contra de esta modificación y han primado los intereses de un sector frente al interés general y la protección de la naturaleza.

Las organizaciones entienden las implicaciones que la inclusión en la lista de invasoras de especies como el lucio, la carpa, la trucha arco iris, el cangrejo rojo o la cabra arruí tiene para algunas actividades económicas, pero recuerdan que su eliminación “no es inmediata” y se puede planificar para minimizar los impactos.

Las cinco organizaciones han anunciado que plantearán una cuestión de inconstitucionalidad en el incidente de ejecución de la Sentencia 637/2016 del Tribunal Supremo y que reclamarán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los partidos que se han posicionado en contra de la reforma de la Ley y que presenten recursos de inconstitucionalidad. EFEverde