Los objetivos de la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados "son absolutamente desproporcionados", ha indicado la Directora General de Cicloplast, Isabel Goyena, quien ha lamentado que la norma va "más allá" de lo estipulado en las normativas europeas.
La directiva, que ha comparecido hoy ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, ha solicitado que la futura ley rebaje sus demandas en materia de reducción de envases de plástico, que actualmente prevé que sean del 50 % en 2026 y del 70% en 2030 respecto a lo producido en 2022.
En lugar de esas cifras, ha considerado "mucho más razonables" unas metas del 20 y el 30% respectivamente.
Goyena también se ha mostrado contraria al impuesto a los envases de plástico, al que ha calificado de "discriminatorio" puesto que generaría una desventaja competitiva con respecto a otros materiales, ante lo que ha solicitado que se retrase su entrada en vigor al menos 6 meses después de su publicación en el BOE.
Un anteproyecto "muy extenso"
Por su parte, la exdirectora de la empresa de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente en Madrid (GEDESMA) , Nerea Alzola, quien también ha comparecido ante la Comisión, ha calificado el anteproyecto como "muy extenso" y ha señalado que "contiene muchas contradicciones que van a ser difíciles de cumplir en un futuro".
Alzola ha exigido una mayor capacidad de decisión para las empresas y autónomos a la hora de desarrollar sus propias vías de reciclaje, abordar y tratar sus propios materiales o decidir la vida útil de sus productos y qué etiquetado incluir en ellos.
Además, la exdirectora de GEDESMA ha pedido que se elimine el impuesto a la incineración contemplado en el anteproyecto entre otros, ya que este tipo de tasas "da lugar a la ruptura del mercado nacional, especialmente en el sector privado".
"Quien contamina, paga"
El consultor en sostenibilidad y gestión ambiental Alberto Vizcaíno, quien también ha estado presente en la Comisión, ha coincidido con otros expertos que ya comparecieron en jornadas anteriores en que el anteproyecto de ley "no plantea bien la responsabilidad ampliada del productor".
Para Vizcaíno el principio de "quien contamina paga" que sigue el anteproyecto es insuficiente para gestionar el problema de los residuos en el país, ya que "siempre lo acaba pagando el ciudadano".
El experto ha señalado que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados debe centrarse en "organizar el sistema de costes que plantea", de tal manera que las administraciones que, por ejemplo, se encargan de recoger los residuos de los ríos y los bosques puedan trasladar los costes de dichos desechos a sus productores. EFEverde
