La Fundación Fomento y Gestión del Agua (FFGA) ha demandado una revisión del Pacto Nacional de Agua que complete la regulación existente sobre almacenamiento, consumo y recarga artificial de aguas subterráneas para atenuar la sequía y disminuir los efectos del cambio climático.
La Fundación Fomento y Gestión del Agua (FFGA) ha demandado una revisión del Pacto Nacional de Agua que complete la regulación existente sobre almacenamiento, consumo y recarga artificial de aguas subterráneas para atenuar la sequía y disminuir los efectos del cambio climático.
La capacidad total de los acuíferos españoles puede ascender, según los datos proporcionados por el presidente de FFGA, Fernando López Vera, hasta los 400.000 hectómetros cúbicos, repartidos en más de medio millón de pozos por todo el territorio nacional.
EL 70 % de los abastecimientos urbanos españoles procede de aguas subterráneas.
En 2017, entre 28 y 30 millones de residentes bebieron agua procedente de acuíferos
Subterráneas en Canal de Isabel II Gestión mostrando el diagrama de un pozo de recarga de un acuífero.
Este volumen es “mayor que el de los embalses”, ha recordado Vera, que ha dirigido una jornada sobre ‘Regulación hidráulica de acuíferos en España’ en la que también han participado representantes del Canal de Isabel II (CYII) y el Grupo Tragsa.
Todos ellos han apostado por una gestión “íntegra y coordinada” de aguas superficiales y subterráneas para paliar los efectos de las irregularidades fluviales, como sequías o desbordamientos.
Para conseguirlo, será necesario cambiar la normativa actual, que establece el agua subterránea como “recurso estratégico” solo utilizable en situaciones de emergencia.
Acotar y privatizar los perímetros con agua subterránea, fijar la titularidad de autorización de recarga artificial en los acuíferos o revisar la definición de vertidos, son algunos de los requisitos planteados por el presidente de FFGA para impulsar este cambio, ante la preparación del tercer ciclo de los planes hidrológicos de cuenca.
Su propuesta incluye también la implicación de sus usuarios en su gestión y la flexibilización del uso conjunto de estas masas de agua subterránea.
La iniciativa permitiría regular y gestionar mejor este recurso para evitar la sobreexplotación de algunos acuíferos desde que se incorporaran al ciclo hídrico en 1985.
En el caso de Madrid, la directora de operaciones del CYII, Belén Benito, ha añadido que esta empresa tiene registrados hasta 80 pozos que “pueden ser susceptibles de recarga”.
La incorporación de aguas subterráneas al sistema de abastecimiento de esta región a través de los acuíferos terciario detrítico y cretácico carbonatado “supuso un hito importante en la gestión de los recursos hídricos” según la definición del canal, porque permite disponer de un mayor cantidad de agua para paliar la sequía o disminuciones del volumen de los embalses.
La extensión del acuífero madrileño es de 2.600 kilómetros cuadrados
El subdirector de Soporte técnico e innovación de Tragsa, Enrique Fernández Escalante, ha reiterado que la legislación española está “retrasada respecto a la de otros países europeos como Alemania, Holanda y Bélgica”, por lo que es “fundamental resolver las múltiples barreras legislativas y administrativas” en el sector. EFE
aze/ppm
Debe estar conectado para enviar un comentario.