El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado hoy que se ampliará el beneficio de la justicia gratuita a las oenegés medioambientales con independencia de sus recursos económicos y éstas no han tardado en felicitarse por la decisión.
Durante el debate de las seis enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita en el Pleno del Congreso, Ruiz-Gallardón ha explicado que el incremento de gasto y el coste efectivo de la justicia gratuita en España estará cubierto por su “vinculación” a las tasas judiciales. Las comunidades autónomas “no tendrán que aportar ni un euro más” como consecuencia de la ampliación de los beneficiarios de justicia gratuita, ha recalcado el ministro de Justicia, quien ha indicado que la cuantía máxima de la aportación estatal no supondrá más del triple de la desviación media en las cinco comunidades gestionadas por el Ministerio de Justicia. “La ampliación de los beneficiarios de la justicia gratuita no va a suponer una merma de financiación de las comunidades autónomas como consecuencia de la aprobación de la ley de tasas”, ha resaltado Ruiz-Gallardón.
El titular de Justicia ha anunciado que las entidades medioambientales tendrán derecho a la justicia gratuita, con independencia de sus ingresos, en virtud de una enmienda que presentará el PP.
De esta forma, las organizaciones medioambientales se equiparan a las asociaciones de víctimas del terrorismo, de consumidores y usuarios, de discapacitados, los sindicatos, representantes de los trabajadores, Cruz Roja, las entidades gestoras de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo. En otra enmienda se fijará que las personas jurídicas con este derecho y los trabajadores solo serán condenados en costas cuando el tribunal aprecie temeridad o mala fe. Además, se incorporará otra enmienda para posibilitar que las administraciones competentes puedan suscribir convenios con los colegios de abogados para establecer en los centros penitenciarios un servicio de orientación jurídica dirigido a potenciales beneficiarios de la justicia gratuita. Ruiz-Gallardón ha destacado que este proyecto se inspira en la “solidaridad”, al ampliar la justicia gratuita con el fin de incluir “nuevas y dolorosas realidades sociales”, cuyas víctimas merecen amparo, y elevar los umbrales de renta para aspirar a este servicio. El proyecto amplía el número de beneficiarios de la justicia gratuita al incorporar, con independencia de su renta, a las víctimas de la violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, así como los menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos.
Las ONG aplauden decisión
Las ONG han aplaudido la decisión del Gobierno de dar justicia gratuita a las asociaciones ecologistas y recuerdan que el convenio de Aarhus ya reconocía el derecho a una justicia gratuita en materia de medio ambiente. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España felicitan al Ministerio de Justicia por rectificar y ampliar el beneficio de la justicia gratuita a las entidades medioambientales con independencia de sus recursos económicos.
En nota de prensa, añaden, que las ONG ecologistas son las mejores garantes de la protección ambiental en los tribunales Recuerdan que dos leyes de este gobierno, la Ley de Tasas, que suponía un coste inasumible para las ONG ambientales, y la reforma de la Ley de jurisdicción contencioso administrativa que obligaba a los magistrados a imponer las costas a las ONG, hacían prohibitivo que las ONG ambientales volvieran a acudir a los tribunales.
Ante esta situación, afirman, la única oportunidad era que las asociaciones medioambientales pudieran acogerse a la justicia gratuita. Sin embargo, el proyecto de Ley aprobado por el Gobierno no contemplaba esta posibilidad. Por ello, el anuncio del ministro Ruiz-Gallardón por el que se ampliará el beneficio de la justicia gratuita a las entidades medioambientales es valorado muy positivamente por las ONG ecologistas. Sin embargo, llaman a la “prudencia” hasta que se conozcan las enmiendas que finalmente propondrá el Grupo Popular. Además las ONG ecologistas exigen que se eliminen las desorbitadas cauciones que se imponen por determinados tribunales para la concesión de medidas cautelares o ejecución provisional de sentencias en materia medioambiental, tal y como obliga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.EFE