El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado hoy una modificación legal por la que se crea un impuesto sobre el riesgo medioambiental del almacenamiento de residuos nucleares de la central de Garoña, que ha sacado adelante el PP gracias a la abstención de Podemos, IU-Equo y UPL.
Nuevo tributo para Garoña
Han votado en contra de esta modificación el PSOE y Ciudadanos, que creen que con esta ley Castilla y León incurre en una doble imposición al considerar que ya existe un tributo de ámbito nacional en este mismo sentido, por lo que han dado por hecho que habrá recurso ante el Tribunal Constitucional.
[box type=”shadow” ] La Junta de Castilla y León pretende recaudar entre diez y quince millones de euros con este nuevo impuesto, que según ha adelantado la consejera regional de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, irán destinados a reactivar económicamente el área de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña, en el norte de Burgos.[/box]La consejera ha defendido un impuesto cuya recaudación ya fue incluida en el presupuesto autonómico para el presente ejercicio, pero que en su elaboración definitiva ha contado con reparos legales por parte de los propios servicios jurídicos del Gobierno autonómico, del Consejo Consultivo y del Ministerio para la Transición Ecológica.
Durante su intervención para defender el proyecto de ley, Del Olmo ha asegurado que esta normativa sobre residuos nucleares no es distinta a las que están vigentes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura, y también ha mantenido que el hecho imponible de este nuevo tributo es “distinto” al impuesto nacional.
La consejera ha anunciado que rebatirá los argumentos dados por el Ministerio para la Transición Ecológica en un reciente informe y ha adelantado que espera “el mismo trato que Cataluña”, en el sentido de que le Gobierno no recurra esta modificación legal ante el Tribunal Constitucional.
Tras criticar la falta de alternativas por parte del PSOE a su decisión de que la central nuclear de Garoña cerrara al no permitir la prórroga de actividad, la consejera ha pedido “que actúe ya” en la zona para proveer de una alternativa industrial a la instalación nuclear.
La portavoz socialista Virginia Jiménez ha dado por hecho que este impuesto va a ser declarado inconstitucional porque incurre en la doble imposición y ha atribuido su aprobación a la “pataleta” de la consejera tras darse cuenta de que la propietaria de Garoña, Nuclenor, cerraba por motivos económicos y la dejaba “con el culo al aire”.
Ecologistas en Acción
La organización Ecologistas en Acción ha negado hoy que el impuesto sobre el riesgo del almacenamiento temporal de residuos nucleares de Garoña que han aprobado las Cortes de Castilla y León tenga un carácter ambiental, ya que “no cumple los requisitos necesarios para ello”.
En un comunicado, esta organización ha afirmado que este gravamen no protege el medio ambiente y ha puesto en duda que lo recaudado por esta vía vaya a ir destinado a inversiones ambientalmente sostenibles y beneficiosas para la sociedad.
Para Ecologistas en Acción, el objetivo de este impuesto impulsado por la Consejería regional de Economía y Hacienda es en realidad “encarecer el cierre”, que hoy ha apoyado en la votación el Grupo Popular y ante el que se han abstenido Podemos, IU-Equo y UPL, y han votado en contra el PSOE y Ciudadanos.
“Se concibió como un intento desesperado de frenar el desmantelamiento de la central burgalesa; no como un impuesto dirigido a corregir los impactos generados por la energía nuclear en Castilla y León”, ha argumentado esta organización.
En opinión de la organización ecologista, para poder hablar de impuesto ambiental “no solo debe fijarse sobre un hecho que provoque un determinado daño ambiental, sino que también debe destinarse a fines que compensen ese impacto”.
Según el texto aprobado los ingresos se destinarán a la financiación de los “programas de gasto de inversión en las zonas de influencia de las centrales nucleares”, lo que en opinión de Ecologistas en Acción es un plan de reindustrialización, que puede o no cumplir con los requisitos de sostenibilidad ambiental.
“Este impuesto no servirá para garantizar la mejor gestión posible para los residuos almacenados en Garoña”, ha concluido la ONG, convencida de que “el juego político hace que se lancen cortinas de humo en vez de promover un proceso de desmantelamiento transparente y seguro”. EFEverde
