Gobierno y autonomías evalúan la situación del lobo, paso determinante para abrir la mano a su caza

El Gobierno central y las comunidades autónomas evaluarán hoy la situación del lobo en España en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que deberá aprobar el informe sexenal sobre la especie que cada estado de la Unión Europea debe enviar a Bruselas y cuyas conclusiones son determinantes para abrir o restringir la caza de ejemplares para controlar poblaciones.

Mismos datos, conclusiones diferentes

Sobre la mesa habrá dos informes, el elaborado por el Gobierno con datos aportados por las propias autonomías y que concluye que el estado de la especie es desfavorable en las tres regiones en las que se divide su hábitat en España y el elaborado por Galicia y que defiende una mayoría de comunidades, que afirma que su situación es favorable en dos de ellas (atlántica y mediterránea), han explicado desde el Ministerio para la Transición Ecológica.

Junto a ellos, las alegaciones presentadas durante el proceso de información pública abierto por el Ejecutivo sobre ambos informes.

Entre esas alegaciones destacan las presentadas por la Sociedad Ibérica para Conservación y Estudio de Mamíferos (SECEM) y la Sociedad Científica para el Estudio y Conservación de los Grandes Depredadores y sus Hábitats Naturales (DIRUS), que consideran que el estado de conservación del lobo es desfavorable y alertan de que la revisión de la especie no puede basarse sólo en una estimación numérica de manadas.

Entre otros factores que deberían tenerse en cuenta en la evaluación, destacan la elevada endogamia y escasa variabilidad genética de las poblaciones españolas y portuguesas, que deben considerarse como una única y que se encuentran aisladas de las del resto de Europa, la degradación y fragmentación de su hábitat o la elevada mortalidad por causas no naturales (furtivismo, caza legal para control de poblaciones, atropellos, envenenamiento, etc).

Ley de Desperdicio Alimentario

Desde la entrada en vigor en abril de 2025 de la Ley de Desperdicio Alimentario, que supuso una rebaja en la protección nacional del lobo con la salida de las poblaciones al norte del Duero del Listado de Especies Silvestre en Régimen de Protección Especial (LESPRE) , la Conferencia, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, debe aprobar los informes sexenales a los que obliga la directiva Hábitat antes de su remisión a Bruselas.

El informe era elaborado hasta entonces por el Ministerio con los datos reportados por las propias comunidades autónomas y remitido directamente a la Comisión sin tener que recabar el visto bueno de éstas en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Este organismo reúne a Ejecutivo central y autonomías para abordar cuestiones como la protección de especies de fauna y flora silvestre.

El año pasado, el Gobierno, siguiendo la misma metodología que en años anteriores, elaboró el informe sexenal 2019-2024, que concluía que aunque la situación de la especie había mejorado, seguía siendo desfavorable en todas la regiones (atlántica, mediterránea y alpina), pues, entre otras cuestiones no se han alcanzado las 500 manadas que la ciencia indica que se necesitan para garantizar su futuro (se calcula que hay unas 333).

Autonomías en pie de guerra

Las comunidades loberas expresaron su descuerdo y la Xunta elaboró un informe, que apoya una mayoría de autonomías, en el que asegura que el estado de conservación de la especie es favorable en las regiones atlántica y mediterránea. Defienden que las poblaciones han aumentado en Galicia, Asturias y Cantabria, fundamentalmente, y con ello los ataques al ganado.

Ambas partes, Ejecutivo y Autonomías, volverán a reunirse en relación al lobo casi un año después de la reunión en julio del año pasado de la la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad en la que una mayoría de comunidades autónomas rechazó la propuesta de informe sexenal del Ejecutivo y apoyó la defendida por la Xunta.

La nueva convocatoría ha sido reclamada en los últimos meses por Andalucía, Aragón, Canarias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla.

Control letal de poblaciones y dudas jurídicas

El que el estado de conservación se considere favorable o desfavorable es fundamental de cara a abrir la mano en lo que respecta a la caza de lobos para el control de poblaciones ante el incremento de ataques a ganado.

Tanto el Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han emitido diferentes sentencias en las que recuerdan a las comunidades que permiten la caza del lobo con fines de control poblacional, que éste sigue protegido por la directiva Hábitats y que sólo se pueden sacrificar ejemplares si no hay otra alternativa y siempre que no se ponga en riesgo a la especie. Además, la caza debe ser selectiva y no por cupos, como se hace hasta ahora.

El Defensor del Pueblo ha recurrido la desprotección del lobo ante el Tribunal Constitucional, ante el que el Tribunal Superior de Xutiza de Galicia (TSXG) ha elevado una cuestión de incostitucionalidad para que se pronuncie sobre la legitimidad de la ley a través de la que se ha llevado a cabo.

Entre otras cuestiones, el alto tribunal gallego señala que no se puede obviar que la desprotección prescindiendo de trámites administrativos reglados e informes técnicos preceptivos previstos en la regulación del procedimiento administrativo de modificación del LESPRE,

“En suma, con la modificación del LESPRE cuestionada, el legislador ha asumido mediante una ley funciones que correspondían -y de hecho siguen  correspondiendo- a la Administración General del Estado”, señala el TSXG en un auto, que añade que “existen dudas de la legitimidad constitucional de esa decisión”, pues entiende que debería “basarse en criterios científicos y técnicos verificables con un procedimiento administrativo reglado e impuesto en el marco de las exigencias del derecho ambiental de la Unión Europea”.

Competencia

Por su parte, el jurista Pedro Brufao ha elaborado un dictamen que concluye que tanto la Conferencia Sectorial como la Comisión Estatal son órganos de debate e intercambio de información cuyos acuerdos no se pueden imponer a quienes manifiestan su voto en contra, así como que el Estado es el único competente para presentar el informe sexenal al que obligan la normativa Europea.

La pretensión de que un informe redactado por las comunidades autónomas sea el que mediante votación se remita a la Comisión Europea carece de todo amparo jurídico y es nula de pleno derecho porque se vulnera el régimen de competencias en la materia, según el jurista, que considera especialmente grave que algunas comunidades autónomas pretendan influir más allá de sus límites territoriales.

El dictamen, que ha sido remitido al Ejecutivo, fue solicitado por el Fondo para la Conservación del Lobo que prevé solicitar, por vía judicial, la nulidad de todo lo sucedido desde julio del año pasado, cuando se produjo una votación en la Comisión Estatal de Biodiversidad,  por considerarla nula de pleno derecho al ser el Gobierno el único competente en la materia.

EFE Verde

atm