Greenfiber, sociedad participada por la portuguesa Altri (75 %) y la española Smarttia (25 %), se resiste a renunciar a la construcción de una macroplanta de celulosa soluble y lyocell en Palas de Rei (Lugo) y ha presentado alegaciones contra el archivo del proyecto iniciado por la Xunta de Galicia en febrero en las que defiende su autosuficiencia energética para seguir adelante.
Pese a las advertencias del grave impacto ambiental de la planta, contra la que se presentaron más de 27.000 alegaciones, y el gran rechazo social que generó, la Xunta le otorgó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable.
Sin embargo, antes de continuar con la tramitación ambiental del proyecto y dar luz verde a su construcción, el ejecutivo autonómico decidió iniciar el procedimiento para archivar el proyecto después de que la Planificación Energética 2025-2030, actualmente en negociación, no aparecieran las infraestructuras que harían posible conectarlo a la red eléctrica.
Alegaciones
La empresa ha presentado este martes ante la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia un escrito formal de alegaciones en defensa de la continuidad de la tramitación del proyecto, que fue declarado Proyecto Industrial Estratégico (PIE) en diciembre de 2022.
El principal argumento que defiende para mantener vivo el proyecto es que su autosuficiencia energética, gracias a que contará con su propio sistema de cogeneración, lo que hace que no sea imprescindible la conexión externa a la red.
En un comunicado, Greenfiber ha defendido que la tramitación debe seguir su curso ordinario en paralelo a la aprobación de la planificación eléctrica estatal, como ocurre con el resto de los proyectos estratégicos.
La eventual conexión eléctrica externa constituye, en su caso, una medida complementaria de seguridad operativa, añade el texto, en el que sostiene que no es, por tanto, una condición sine qua non del funcionamiento de la planta, sino un elemento de respaldo operativo cuyas funciones podrían incluso ser asumidas mediante soluciones alternativas, sin necesidad siquiera de conexión eléctrica externa.
La planta cuenta, en cualquier caso, con múltiples opciones técnicas viables para garantizar su operación continua en condiciones óptimas de seguridad y eficiencia, añade la nota.
Reacciones
Tras conocerse las alegaciones, la Plataforma Ulloa Viva ha pedido al Gobierno gallego “la denegación ya” de las autorizaciones administrativas pendientes y en tramitación para la macroplanta porque, defienden, “sobran datos técnicos para hacerlo y porque nunca alcanzará licencia social”.
«Altri es una empresa que miente y va a hacer lo que haga falta para conseguir su objetivo, que no es otro que convertir los recursos de todos en dinero para ellos”, ha denunciado la portavoz de la plataforma Marta Gontá, que ha añadido que a la empresa «le da igual el río Ulla, la ría de Arousa o incluso enfermar a la población».
Por su parte, Greenpeace ha manifestado su indignación con la empresa y exigido a la Xunta de Galicia que proceda a denegar, como paso previo a su archivo, las solicitudes de concesión de aguas y de autorización ambiental integrada relativas al proyecto, así como a revocar su declaración como Proyecto Industrial Estratégico (PIE).
Greenpeace considera que no se sostiene bajo ningún punto de vista que se insista en llevar adelante un proyecto que fue declarado PIE en 2022, cuya solicitud de concesión de captación de aguas data de 2023, cuya solicitud de autorización ambiental integrada (AAI) tiene más de dos años y cuya Declaración de Impacto Ambiental (DIA) condicionada tiene más de un año.
«Pero, sobre todo, es insostenible porque ha generado un conflicto social sin precedentes, con decenas de miles de personas clamando en Galicia “Altri Non” y un gran consenso ecologista y académico en su contra», ha añadido la organización ecologista. EFE Verde
atm
Altri NON se hace realidad. Una victoria para la sociedad y el medio ambiente
