Así lo ha reflejado la organización ecologista en un comunicado este martes, en que la ong se ha dirigido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) para exigir «una Ley de Movilidad que anteponga la movilidad de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público frente al abuso del coche en la ciudad», ha declarado Adrián Fernández, responsable de Movilidad de Greenpeace.
Los ecologistas han expresado esta demanda días después de que en la ciudad asturiana de Gijón un juzgado haya ordenado «restituir el tráfico rodado de forma permanente» en el Paseo Marítimo, donde se había peatonalizado una de las calzadas.
La exigencia de Greenpeace llega también después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anulara la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona, tras calificarla como «desproporcionada» pese a que «solo afecta a los vehículos sin distintivo ambiental», han recalcado desde la asociación conservacionsista, y han recordado que la sentencia «ni siquiera contó con unanimidad dentro del propio TSJC».
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valladolid fue otro de los tribunales que rechazaron medidas de movilidad sostenible como, en este caso, un decreto del Ayuntamiento de esta ciudad que contemplaba la creación de carriles para autobuses y para bicicletas, acción que el juzgado consideró «contraria a derecho».
Madrid, por su parte, fue otro de los focos de polémica en torno a estas sentencias gracias a la suspensión de Madrid Central -la zona de bajas emisiones planteada durante el gobierno de Manuela Carmena en la capital- tras un recurso interpuesto por el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuando éste aún estaba en la oposición.
“Resulta paradójico que mientras la Unión Europea nos exige medidas claras y contundentes para frenar la contaminación del automóvil, en España algunos jueces optan por desmontar unas medidas que son normales en cualquier otra ciudad”, ha aseverado Fernández, quien ha subrayado que sólo en España se producen 45.000 muertes prematuras cada año como consecuencia de la mala calidad del aire.
Descarbonizar el transporte
Greenpeace también ha pedido al Mitma que incluya en la Ley de Movilidad una serie de medidas destinadas a garantizar la descarbonización del transporte, que es «el sector que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero», en un contexto de crisis energética en que el precio de la gasolina alcanza máximos históricos.
Por ejemplo, proponen vetar los vuelos de corto radio cuando exista una alternativa competitiva en tren -como ocurre en el «puente aéreo» Madrid-Barcelona- o introducir un «billete verde» que permita a los ciudadanos moverse en tren y autobús por todo el país a un precio asequible, una idea inspirada en el Klimaticket y que ya funciona en Austria con «gran aceptación» como alternativa al coche y al avión. EFEverde
