Esa es la conclusión a la que se llega en el dictamen emitido por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) que propone una indemnización de 2.414 euros, el 25 por ciento de la cantidad que había reclamado.
Este órgano consultivo considera acreditados los daños producidos en el arbolado por estos animales, pero señala que la culpa debe repartirse entre la administración, a la que atribuye el 75 por ciento, y el reclamante, que fija en el 25 por ciento restante.
Indica el dictamen que la administración ha de afrontar su responsabilidad patrimonial debido a que existe una relación de causalidad entre el daño por el que se reclama y el funcionamiento de los servicios públicos.
Pero añade que el propietario de la finca también tiene su responsabilidad en lo ocurrido al no haber acudido a los medios que tenía a su alcance para evitar o limitar los daños.
En concreto, apunta que pudo solicitar la autorización para la caza de arruis o reclamar las mallas y postes que los responsables de esta reserva entregaron durante años para proteger los cultivos. EFE
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