Izquierda Unida, a través de su coordinador federal Cayo Lara, ha solicitado hoy la nacionalización del sector energético y que se garantice el suministro básico esencial para hacer frente a lo que considera un “oligopolio” que “sólo aspira a incrementar su cuenta de resultados”.
Lara ha explicado la proposición no de ley que su grupo registrará en el Congreso próximamente para combatir la pobreza energética y evitar que el recibo de la luz siga su escalada, “perjudicando” a las familias y a la actividad económica.
IU ya incluía esta propuesta en su programa electoral pero su coordinador federal ha querido presentarla este lunes aprovechando la crítica contra la política energética del Gobierno que, en su opinión, “la vistan como la vistan” sólo tiene el objetivo de mejorar los beneficios de las compañías eléctricas.
Lara ha recordado que en los tres primeros trimestres del año pasado las principales empresas eléctricas reconocieron unos beneficios de 7.638 millones de euros.
Tras mostrar su incomprensión hacia esos beneficios cuando hay un 10 por ciento de la población que sufre pobreza energética, el cooordinador de IU ha arremetido contra la última medida del Ejecutivo para fijar la tarifa eléctrica: “nos quieren poner contadores inteligentes porque piensan que los ciudadanos somos gilipollas”.
También desde las filas de IU, el eurodiputado Willy Meyer ha insistido en que es necesario “regular, intervenir y planificar” la economía porque la desregulación que impera ahora en los Estados europeos “ha contaminado” la economía.
Meyer ha abogado por un paquete energético “público”, clave para un nuevo modelo económico, en el que haya pleno empleo de calidad y de cohesión social.
Finalmente, el responsable de Energía y Medio Ambiente de IU, Adolfo Barrena, ha recordado que España tiene la tercera factura eléctrica más cara de Europa.
Barrena ha criticado al ministro de Industria, José Manuel Soria, por el nuevo sistema de tarificación que considera “otra huida hacia adelante”. Además, ha urgido a abordar una reforma en profundidad con la aplicación del artículo 128 de la Constitución, el cual contempla que se puedan reservar al sector público recursos o servicios esenciales y acordar la intervención de empresas si lo exige el interés general. EFEverde
