Sevilla.- El Juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha desestimado los recursos de reforma presentados por la Fiscalía y Ecologistas en Acción contra el archivo de la causa que investigaba pozos no autorizados administrativamente en una finca de Aznalcázar, vinculada a la Casa de Alba y situada en el entorno de Doñana.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, el magistrado de la Plaza 1 de la Sección Única del Tribunal de Instancia mantiene «en su integridad» la decisión de archivo provisional, aunque aclara que su resolución no es firme y que contra la misma cabe apelación ante la Audiencia de Sevilla.
Al haber sido ya formalizada esta de manera subsidiaria por la representación de Ecologistas en Acción, el magistrado ha acordado asimismo admitirla a trámite y darle traslado al resto de partes personadas para formular alegaciones.
Argumentos del instructor
«La única forma que esas extracciones no autorizadas pueden causar impacto en el acuífero subterráneo del que extraen aguas es en su aspecto cuantitativo. No se ha aportado ni recibido informe técnico en el que se diga que puedan tener afectación en otro elemento del medio ambiente», indica el juez.
El magistrado considera que «difícilmente» puede atribuirse a las extracciones de esa finca no autorizadas administrativamente la posibilidad de haber causado en los últimos años «un eventual daño relevante o sustancial al medio ambiente que, en este caso, lo sería al nivel de agua de ese acuífero».
El rechazo de los recursos de reforma se produce después de que la empresa Eurotécnica Agraria, vinculada a la Casa de Alba, se opusiera a los mismos al entender que en la instrucción quedó demostrada la «ausencia de base técnico-científica suficiente» para probar la existencia de un peligro grave o de un daño sustancial causado por esos pozos, al margen de las infracciones administrativas.
Atestado de la Guardia Civil
Posteriormente, también se conoció que la Guardia Civil había recogido en un atestado que dicha empresa habría desprecintado pozos antes de que el juzgado que investigaba estas captaciones de agua lo hubiera autorizado.
La Fiscalía mantuvo en su recurso que sí existían indicios suficientes de un delito contra el medio ambiente debido a la extracción sistemática y de carácter industrial de agua durante años.
Según el Ministerio Público, la legalización posterior de los pozos por parte de la Confederación Hidrográfica tampoco eliminaría el delito medioambiental que podría haberse consumado con anterioridad. EFE Verde
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