La Asamblea Regional de Murcia debate hoy tres proposiciones de ley para reformar la Ley de recuperación y protección del Mar Menor: unas iniciativas del PP, de Vox y del grupo mixto Podemos-IU/V-AV con enfoques muy distinitos.
El PP defiende que su reforma es un “ajuste” para armonizar la ley regional con la normativa estatal y rebajar la cuantía de las sanciones económicas,, minetras que Vox plantea una reforma más amplia, con 37 modificaciones sobre vertidos, redes separativas, saneamiento, depuración, contaminación, infracciones, comités de asesoramiento y nuevos desarrollos urbanísticos,. Podemos-IU/V-AV, por su parte, plantea una línea de mayor protección ambiental y compensaciones al sector agrícola para facilitar la transición.
La cita parlamentaria llega tras meses de bloqueo, con un fuerte enfrentamiento entre partidos sobre el alcance de los cambios y con una mayoría aún sujeta a la posición de dos diputados tránsfugas de Vox, José Ángel Antelo y Virginia Martínez.
Propuestas con diagnósticos distintos
Las tres iniciativas que llegan ahora al pleno parten de diagnósticos muy diferentes.
Según el portavoz del PP en la Cámara, Joaquín Segado, esta formación plantea un “ajuste” para armonizar la ley regional con la normativa estatal y rebajar la cuantía de las sanciones económicas.
El PP sostiene que no se alteran las restricciones vigentes y que la actividad agrícola en el entorno del Mar Menor seguirá siendo “la más controlada de Europa”. Entre los cambios concretos figura además la sustitución en un artículo de la expresión “conllevarán” por “podrán conllevar” respecto a la pérdida del derecho a ayudas o subvenciones autonómicas.
Vox defiende una reforma mucho más amplia. Su proposición incorpora 37 modificaciones y aborda cuestiones como vertidos, redes separativas, saneamiento, depuración, contaminación, infracciones, comités de asesoramiento y nuevos desarrollos urbanísticos. También plantea sacar a Fuente Álamo del ámbito de la ley, derogar el reglamento de las entidades colaboradoras de la administración agraria y modificar las limitaciones a la construcción de puertos deportivos.
Este partidoinsiste en que la norma actual castiga al campo y no resuelve los problemas estructurales ligados a saneamientos, depuradoras y escorrentías.
La propuesta de Podemos-IU/V-AV fue registrada antes, en febrero de 2026, y se centra en restringir la implantación de plantas fotovoltaicas salvo las destinadas al consumo propio. La coalición ha venido defendiendo una línea de mayor protección ambiental y medidas de acompañamiento al sector primario, como fondos de compensación para facilitar la transición hacia explotaciones más ecológicas.
El fondo del conflicto
Más allá del detalle técnico, la discusión se ha convertido en un pulso político sobre si la reforma supone una adaptación normativa o un retroceso en la protección de la laguna. El PP insiste en que no dará “ni un paso atrás” y en que solo busca equiparar el régimen sancionador a la normativa nacional y reducir burocracia. El PSOE, en cambio, sostiene que la iniciativa popular rebaja sanciones y suaviza las consecuencias para quienes incumplen la ley, hasta permitir que sancionados por infracciones graves o muy graves puedan seguir recibiendo dinero público.
Podemos-IU/V-AV ha endurecido todavía más el tono. Su portavoz, María Marín, da por hecho que el PP sacará adelante su reforma con los votos de los dos exdiputados de Vox y denuncia que eso equivaldrá a “una nueva puñalada al Mar Menor”. La coalición considera que el cambio implicará una “desprotección” del ecosistema y acusa al PP de plegarse a los intereses de la agroindustria intensiva.
También Vox da por hecho que el PP contará con ese apoyo externo. Aunque critica que los populares no hayan negociado con su grupo, coincide en reclamar una reforma que proteja el ecosistema sin, a su juicio, castigar al sector agroalimentario. Los exdiputados de Vox, ahora en el grupo mixto, ya habían exigido días atrás al PP que cumpliera el acuerdo para modificar la ley. EFE
del/EV
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