Ana Tuñas Matilla
La Comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, ha remitido a Podemos y Alianza Verde una carta en la que recuerda que las poblaciones del lobo al norte del Duero figuran en el anexo V de la Directiva Hábitats y, por tanto, los Estados deben tomar medidas para asegurar que su «explotación» (caza) es compatible con el mantenimiento de un estado de conservación favorable.
Podemos y Alianza Verde elevaron por escrito a Bruselas la denuncia del Fondo para la Protección del Lobo de que el sacrificio de tres lobas (una gestante y otras dos recién paridas) en Cantabria (que autorizó la extracción de 41 lobos en 2025/2026 por daños a ganado) había provocado la muerte de sus cachorros (entre 11 y 16).
Ambas formaciones consideran que, a su juicio, esas muertes «colaterales» conllevaban la superación del cupo establecido en el Plan de Gestión del Lobo de Cantabria y podían vulnerar la Directiva Hábitats y la normativa europea de conservación, por lo que pidieron a la Comisión que analizara si las actuaciones incumplen la legislación comunitaria.
Todo depende del estado de conservación
En su respuesta, Roswall apunta que, según el último censo sexenal enviado por España a Bruselas (2013-2018), el lobo se encontraba en un estado de conservación desfavorable en Cantabria, y que España aún no ha presentado el informe correspondiente al período 2019-2024 (tenía que haberlo hecho antes de julio de 2025).
«Sin perjuicio del papel de la Comisión como guardiana del Tratado, la responsabilidad principal de la correcta aplicación de la Directiva sobre los hábitats recae en las autoridades nacionales. La Comisión sigue de cerca la situación y también está a la espera de la presentación del informe español», añade.
En su escrito, la comisaria recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que si existe incertidumbre sobre si la explotación (caza) de una especie de interés comunitario es compatible con el mantenimiento de un estado de conservación favorable, el Estado miembro interesado debe abstenerse de autorizar tal explotación.
«A este respecto, las autoridades competentes no pueden autorizar la caza de lobos, a menos que los efectos acumulativos de los contingentes autorizados y cualquier captura adicional, así como las muertes colaterales y la matanza ilegal, sean compatibles con la consecución o el mantenimiento de un estado de conservación favorable», subaraya la comisaria.
Para Ernesto Díaz, del Fondo para la Protección del Lobo, con el escrito, la Comisión Europea deja claro que es ilegal cazar lobos en tanto en cuando haya dudas sobre su estado de conservación y ha avanzado que esto tendrá repercusiones legales.
«Habrá que pedir responsabilidades a los que han matado 80 lobos desde que la especie fue sacada del Listado de Especies Silvestres Especialmente Protegidas (LESPRES)», mediante una enmienda introducida en la Ley de Desperdicio Alimentario, que entró en vigor en abril de 2025, ha explicado a EFEverde.
¿Cuál es el estado de conservación de lobo en España?
El Gobierno debía haber remitido antes de julio de 2025 el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo al que obliga la normativa europea en relación a hábitats y especies protegidas por la Directiva Hábitats.
Los informes sexenales los elabora el Gobierno en base a los datos remitidos por las comunidades autónomas y, hasta la enmienda introducida en la Ley de Desperdicio Alimentario (que ha sido recurrida ante el Constitucional por el Defensor del Pueblo), el Ejecutivo lo remitía directamente a Bruselas una vez confeccionado.
Sin embargo, tras la entrada en vigor de la ley, antes de enviarlo a la Comisión Europea debe ser aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural. En ambos organismos, participan Gobierno central y comunidades autónomas.
Con datos aportados por las autonomías y aplicando la misma metodología que en informes anteriores, en julio de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica elaboró el censo del lobo 2021/2024 que concluía que en España había 333 manadas, 36 más que en el censo anterior (2012-2014) pero muy por debajo de las 500 que los científicos consideran necesarias para asegurar la viabilidad de la especie a largo plazo.
En base al censo, el Gobierno elaboró una propuesta de informe sexenal que señalaba que el estado de conservación del lobo sigue siendo desfavorable en todas las regiones (atlántica, mediterránea y alpina)
Esa propuesta fue llevada a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural, a la que la Xunta de Galicia elevó otro informe que asegura que el estado de conservación es favorable en las regiones atlántica y mediterránea y criticaba la metodología usada por el Ministerio, han explicado a EFEverde fuentes del gobierno gallego.
Apartándose del protocolo habitual, ambos informes fueron sometidos a la votación de Ejecutivo y autonomías (en la Comisión están representadas por directores generales encargados de la materia).
A favor del informe coordinado por Galicia, según fuentes conocedoras del proceso, votaron Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, Asturias y Murcia. Cataluña, Castilla-La Mancha y País Vasco se abstuvieron y sólo el Ministerio votó en contra.
Previamente a su remisión a Bruselas, el informe debe ser aprobado por la Comisión Sectorial de Medio Ambiente, que, por ahora, no ha sido convocada.
A vueltas con el informe
Ante el retraso en la convocatoria de la sectorial, Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León han remitido directamente el informe a Roswall.
En paralelo, el Gobierno ha pedido a las comunidades autónomas que revisen los datos aportados para la elaboración del censo teniendo en cuenta la afectación a la especie de los incendios del pasado verano, que arrasaron gran parte de su área de distribución, y los cerca de 80 lobos sacrificados en Asturias y Cantabria tras la salida del LESPRE.
Por otro lado, el lobo (Canis lupus) ha sido incluido en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) en la condición de «vulnerable» debido a que el número de individuos adultos que se calcula que hay en el país no permite asegurar la viabilidad de la especie a largo plazo.
Cuando una especie entra en el listado se prohíbe su aprovechamiento cinegético (caza deportiva) y la «extracción» para evitar daños, por ejemplo al ganado, sólo puede hacerse de forma excepcional y bajo estrictos controles.
Mientras estuvo bajo la protección del LESPRE, en España no se cazó «legalmente» en España ningún lobo. Ahora, hay comunidades como La Rioja, que plantean volver a permitir su caza deportiva, ha lamentado Díaz. EFEverde
atm.fch
El lobo, incluido en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la UICN como especie vulnerable
