El Gobierno modificará el reglamento sobre instalaciones nucleares, de modo que una central nuclear podrá renovar su licencia de explotación en el plazo de un año a partir de la fecha de la declaración de su cese, siempre que éste no haya obedecido a razones de seguridad nuclear.
El proyecto de real decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, que incorpora dicho cambio, está abierto a consulta pública y está publicado en la web del Ministerio de Industria.
La modificación pretende “aclarar que la declaración de cese de actividad supone una autorización de explotación en la que se establecen las condiciones a las que han ajustarse las actividades a realizar en la instalación hasta disponer de la autorización de desmantelamiento, introduciendo la posibilidad de su renovación tras dicho cese, cuando éste haya obedecido a razones ajenas a las de seguridad nuclear o protección radiológica”.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha informado hoy de la firma de la orden de cierre de Garoña, aunque ha dicho que se introducirán modificaciones normativas para permitir su continuidad, dado que su cese obedece a razones económicas y no de seguridad.
FUTURO REAL DECRETO
De acuerdo con el futuro real decreto, dicho cese de actividad tendrá, desde la propia fecha en la que surta efectos su declaración, carácter definitivo cuando haya estado motivado por razones de seguridad nuclear o de protección radiológica.
En otro caso, el titular podrá solicitar, a fin de reanudar la actividad, la renovación de la autorización de explotación dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que surta efectos la declaración de cese, continua el proyecto.
Transcurrido dicho plazo sin que haya tenido lugar dicha solicitud, la declaración de cierre adquirirá, igualmente, carácter definitivo.
GESTION RESPONSABLE
El objeto del real decreto, según explica en su exposición de motivos, es regular la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos cuando procedan de actividades civiles, en todas sus etapas, desde la generación hasta el almacenamiento definitivo.
Este texto es una segunda versión del mismo real decreto, que también está accesible en la web de Industria.
UN “ESCÁNDALO” SEGÚN ECOLOGISTA
El proyecto que permitiría que Garoña pudiese renovar su licencia de explotación en el plazo de un año es “un escándalo” y, además, se aplicaría de modo retroactivo, ha explicado a EFEverde Carlos Bravo, portavoz de la organización ecologista Salvia.
Bravo, uno de los históricos del movimiento ecologista español y durante muchos años responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, ha denunciado que el hecho de pedir una renovación en lugar de una nueva autorización de funcionamiento exime al titular de la planta de realizar la preceptiva declaración de impacto ambiental.
Además, la autorización obliga a que transcurran tres años desde el cierre, mientras que en el caso de una renovación basta con un año para realizar dicha solicitud.
Con ello, ha asegurado el portavoz de Salvia, Nuclenor (propietaria de Garoña) evita “el riesgo” de un posible cambio de Gobierno, no tan proclive a la energía nuclear como el PP.
La continuidad de la nuclear burgalesa, cuya orden ministerial de cierre ha firmado hoy el Ministerio de Industria, es una de las promesas electorales del Partido Popular.
En opinión de Bravo, cuando una central nuclear se clausura debe solicitar una nueva autorización de explotación y no una renovación, y ha criticado que el proyecto de real decreto se pudiera aplicar a la planta de Garonña de forma retroactiva. “Es una norma -ha recalcado- que vendría después del cese”.
Ha criticado que el Gobierno “elimine” la declaración de impacto ambiental, pese a la “contaminación térmica” que produce en el río Ebro. EFE
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