EFEverde.- El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido imputar a Emalsa, la empresa que gestiona el ciclo de agua en la ciudad, en un delito medioambiental dentro del procedimiento abierto a petición de la Fiscalía por sus vertidos al mar.
La Fiscalía ha solicitado que se cite a Emalsa como persona jurídica imputada en ese procedimiento, porque considera que existen indicios de que sus dirigentes tenían conocimiento de que vertía al mar sin depurar parte de las aguas residuales de la ciudad, según publicó “La Provincia” este domingo.
La empresa -participada en 66 % por socios privados y en un 34 % por el Ayuntamiento- confirmó este lunes en un comunicado que el juzgado que se ocupa del caso ha aceptado esa solicitud del fiscal, pero defiende que, con ello, se le da la “definitiva oportunidad de poder aclarar la realidad de la actuación que lleva a cabo en la depuración de las aguas residuales” de Las Palmas de Gran Canaria.
En agosto del año pasado, la Fiscalía de Medio Ambiente solicitó que se abrieran diligencias penales contra el concejal de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa de saneamiento de la ciudad, Emalsa, por estimar que sus constantes vertidos sin depurar al mar suponen “un grave riesgo” para la salud y el medio ambiente.
Deficiencias en la depuración de aguas residuales
Su querella subrayaba las deficiencias que tiene el sistema de depuración de Las Palmas de Gran Canaria, capaz solo de tratar, como mucho, el 75 % de las aguas residuales que genera la ciudad -apuntaba-, y detallaba los constantes vertidos sin ninguna clase de tratamiento que se hacen a la costa, con alta carga contaminante.
Durante los últimos seis años, advertía la Fiscalía, la red de saneamiento que administra Emalsa ha vertido al mar entre 338.000 y 796.000 litros de agua por hora sin depurar, “con valores altísimos de parámetros contaminantes” y cantidades mucho mayores de aguas supuestamente tratadas, pero cuya calidad ofrece “muchas dudas, ya que no se hace ningún seguimiento fiable externo”.
El fiscal se apoya en informes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Guardia Civil y el Instituto Nacional de Toxicología para defender que esos vertidos pueden constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Emalsa
En un comunicado, Emalsa subraya que, cuando se le concedió el servicio de depuración, en 1998, se trataban menos de la mitad de las aguas residuales de la ciudad, mientras que en la actualidad ese porcentaje “se aproxima al 100 por cien”.
“Este porcentaje de agua depurada, a punto de lograr el cero vertidos que ha comprometido el presidente de Emalsa y alcalde de la ciudad (Juan José Cardona), es un logro que Emalsa quiere reconocer a sus técnicos y a las medidas adoptadas en los últimos años desde la responsabilidad política del servicio de aguas, aun cuando las infraestructuras de que se dispone no son del todo suficientes”, argumenta la compañía, cuyos socios privados son Saur y Sacyr.
La empresa asegura demás que cuenta con dos autorizaciones de vertido concedidas por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, con condiciones de “evaluación y control de los efectos” que dice respetar “en todos sus términos”.
Emalsa sostiene que las “debilidades” que tiene el sistema de saneamiento de la capital grancanaria “se están corrigiendo”, con la ampliación de la depuradora de Tenoya y la futura entrada en servicio de la nueva depuradora de Tamaraceite, que en la actualidad está en fase de pruebas.
También resalta la entrada en funcionamiento del colector interceptor que recoge las aguas residuales de la zona alta de Las Palmas de Gran Canaria y de un depósito laminador, que “ha permitido disminuir el caudal aportado desde la estación de bombeo del teatro (Pérez Galdós) a la estación depuradora”. EFEverde
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