Las tiendas de gatos y perros de Valonia, la mitad sur de Bélgica, se han lanzado a la ofensiva contra el nuevo permiso que se exige en la región para poder tener una mascota, un certificado que pretende proteger a los animales pero que el gremio teme que sea funesto para el sector.
Tiendas y criaderos han acordado constituir una asociación y estudian cuestionar ante el Tribunal Constitucional una norma que consideran que "discrimina" al profesional valón, obligado a comprobar que el cliente tiene un documento oficial para poder comprar o adoptar un perro o un gato, pero también un caballo, un hámster, un conejo, una cabra, una tortuga o un pez.
El permiso, que entró en vigor el pasado 1 de julio pero contempla un período de transición de tres meses, abarca a todas las especies de compañía y está concebido para evitar la compra impulsiva de animales que luego se abandonan y para luchar contra los maltratadores reincidentes.
"Estamos simplemente matando a la cría canina y felina valona (...). Todos estamos a favor del bienestar animal, tiene que ser lo primero. Pero no hay nada que vaya a mejorar aquí, simplemente va a crear un gran lío", declaró al periódico local L'Avenir Jérôme Jennequin, responsable de la tienda Entre Perros y Gatos de la localidad de Malmedy.
El sector de los animales critica las trabas para el cliente que supone adquirir ese permiso y se opone a que los comercios sean los encargados de controlar a los compradores, un sistema administrativo desproporcionado teniendo en cuenta que desde 2019 las autoridades locales sólo le han retirado a 30 personas el derecho a tener animales.
Denuncian también que la medida aprobada es ineficaz contra la crianza clandestina y aseguran que no sirve para evitar que quien ha abandonado un animal compre uno nuevo.
Según la normativa, los comercios, refugios y criaderos valones tienen que informar a los clientes residentes en la región de la obligación de obtener de las autoridades locales un extracto del "fichero central de delincuencia medioambiental" para adquirir un animal.
El interesado, por su parte, tiene que solicitar ese documento para "establecer que no está amparado por la prohibición de tener un animal o la retirada de una licencia para tener un animal", según la legislación, que permite a los ayuntamientos decidir si cobran por esa gestión que deberán cumplimentar en un máximo de dos semanas. EFEverde
