Las cinco grandes organizaciones ecologistas de ámbito nacional han considerado hoy que con la aprobación de la nueva Ley de Montes el Gobierno “consuma un nuevo paso de desregulación y desprotección ambiental en la Legislatura”, y “omite el interés general para favorecer el privado”.
En declaraciones a Efe tras conocer que el Congreso ha dado luz verde definitiva a esa norma, portavoces de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han sostenido que la modificación de esta ley atiende al interés por “desregular y eliminar toda limitación a la hora de desarrollar ciertas actividades económicas y urbanísticas”.
“Hemos pedido a todos los grupos de la oposición que si llegan al Gobierno una de las primeras labores que hagan sea derogar esta Ley de Montes porque supone un retroceso muy grave”, ha señalado a Efe Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción.
Los activistas coinciden en que la norma aprobada hoy supone un “abandono de la gestión forestal, al no ser obligatoria la elaboración de planes de gestión de los montes que estén en aprovechamiento”.
Otro de los aspectos que más rechazo les genera es que “reabra la posibilidad de construir en montes quemados” facilitando, a su juicio, “la especulación urbanística, que ha motivado algunos de los mayores incendios de nuestro país”.
La anterior ley blindaba los montes quemados durante los 30 años posteriores a un incendio.
“Es cierto que la Ley requiere el interés general de los proyectos para poder construir sobre suelo quemado pero la experiencia de los últimos años demuestra, con casos que han recibido esa consideración como la Ciudad de Medio Ambiente de Soria o la estación de esquí de San Glorio, que esta no es garantía suficiente”, ha añadido Oberhuber.
Los ecologistas han opinado que la ley favorece intereses concretos como los del sector de la celulosa “porque establece menores controles para realizar cultivos forestales intensivos”, y al sector cinegético”, ya que incluye una estrategia para fomentar la actividad cinegética a pesar de que esta es una competencia de las comunidades.
Al contrario, han apuntado, “perjudica al medio ambiente y a los agentes forestales”, para quienes establecen limitaciones en sus labores de vigilancia y denuncia.
Diana Colomina, coordinadora de restauración forestal de WWF, ha agregado, además, que al regular el trasvase Tajo-Segura la Ley de Montes “vulnera” tres directivas, la de Agua, Evaluación Ambiental, e Información y Participación Pública, ya que dicha infraestructura tendría que haberse sometido tanto a evaluación ambiental como a información y participación. EFE
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